Nadie quiere juzgar a Illa por las mascarillas ‘fake’: una pelea entre tribunales entierra la causa

Ni el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ni los juzgados de Madrid, en los que el Tribunal Supremo derivó las querellas interpuesta contra los miembros del Gobierno por la gestión durante la pandemia provocada por la Covid-19, quieren investigar al ex ministro de Sanidad Salvador Illa por un delito contra los derechos de los trabajadores en el reparto de mascarillas no homologadas entre el personal sanitario. Esta pelea entre los tribunales por una cuestión de competencias ha terminado con el cierre de la causa sin investigar. El Juzgado de Instrucción número 14 ha dictado un auto, al que ha tenido acceso en exclusiva OKDIARIO, en el que acuerda el archivo de las actuaciones sin ordenar ni una sola diligencia.

Esta causa se inició en marzo de 2020 cuando la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) presentó una querella ante el Tribunal Supremo contra el entonces ministro de Sanidad, Salvador Ill por «una presunta actuación negligente, poniendo en grave riesgo la salud e integridad del personal sanitario», tras repartir las mascarillas fake en varios hospitales que provocaron el contagio por Covid-19 de profesionales sanitarios. El Gobierno tardó siete días en retirar la marca Garry Galaxy no cumplían con las especificaciones necesarias para luchar contra el coronavirus, pese a haber sido alertado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social de que este material sanitario no cumplía con la normativa europea. Según la querella, las mascarillas FFP2 N95 que fue utilizada por el personal facultativo sólo tenían una capacidad de frenar la filtración de aerosoles del 70%, «muy lejos del 92% mínimo».

Por este motivo, la CESM interpuso una querella ante el alto tribunal por la presunta comisión de un delito contra los derechos de los trabajadores, tipificado en los artículos 316 y 317 del Código Penal, contra Illa y los demás corresponsables. El Alto Tribunal dio luz verde a que la querella presentada por el sindicato de médicos se derivase a los juzgados de instrucción de Madrid. Y fue entonces cuando el Juzgado de Instrucción número 14 abrió diligencias contra el ex ministro socialista. Sin embargo, después de que Illa se presentase como candidato a la presidencia de la Generalitat por el PSC en las elecciones de febrero de este año, dicho Juzgado se inhibió a favor del TSJ de Cataluña, órgano ante el que están aforados los diputados autonómicos de esta comunidad autónoma.

Pelea entre juzgados

Sin embargo, la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña declara que no tiene competencia para investigar tales hechos y devuelve la causa a los juzgados de Madrid.

En un auto del 3 de junio, al que ha tenido acceso este periódico, los magistrados alegan que el tribunal no es competente porque «los hechos denunciados tuvieron lugar en Madrid y, en su caso, consecuencias perjudiciales en todas las comunidades autónomas». Por ello, añaden que «de acuerdo al artículo 57.2 del Estatuto de autonomía de Cataluña aprobado por la Ley Orgánica 6/2006, de 19 de junio, dice que las causas contra los diputados del Parlamento es competente el TSJC, pero fuera del territorio de Cataluña la responsabilidad penal es exigible en los mismos términos ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo».

Así, en lugar de plantear una cuestión de competencia ante el órgano jerárquicamente superior –en este caso el alto tribunal– para que resuelva dicho conflicto, el TSJ catalán devuelve la causa a los Juzgados de Plaza de Castilla. Y estos, sin tener dicha potestad para resolver, dictan un auto en el que se acuerda sobreseer provisionalmente la investigación contra Illa. El Juzgado de Instrucción número 14 acuerda el archivo mencionando otra causa totalmente distinta que se investigó en el Juzgado de Instrucción número 53 por el fallecimiento de cuatro guardias civiles durante la pandemia, según alegaron los querellantes, por la desprotección de los agentes.