El nuevo conseller catalán de Interior lo tiene claro: “Desobediencia cuando toque”
El nuevo conseller de Interior de la Generalitat, Miquel Buch, defendió abiertamente en 2016 la desobediencia «cuando toque», con el fin de llegar a la independencia.
Buch, entonces presidente de la Asociación Catalana de Municipios (ACM) y dirigente de CDC, avisó así a la CUP, con que la desobediencia no se debería «ejercer cada día» pero sí «cuando toque», en el camino a la independencia. Buch defendía abiertamente que el papel de los ayuntamientos no debía ser otro que seguir la «estrategia» del Parlament y el Govern, sin descartar la desobediencia. «Soy partidario de la vía de no cumplir en el último caso, cuando no haya nada más, sobre todo cuando la democracia y la libertad de los ciudadanos esté en cuestión», consideraba Buch.
Entonces-hace dos años-el nuevo miembro del gobierno catalán ya preveía que en el último tramo del procés «posiblemente» habría que optar «por hacer un frente, desobedecer, desacatar o lo que haga falta».
El plan era el siguiente: según Buch, la Generalitat tendría que mostrar a nivel internacional que «lo ha intentado todo» ante el Estado, para así «cargarse de razones» y poder alegar, en el caso de llegar a un escenario de desobediencia, que no había «otra alternativa».
Buch llevó a la práctica esas opiniones. De hecho, fue imputado por alentar la movilización de los alcaldes independentistas para favorecer el referéndum ilegal. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) le citó a declarar por animar a que los regidores cediesen locales e incumpliesen las órdenes judiciales.
Buch, como publicó OKDIARIO, se ocupó además de alentar a la policía local para desobeder las órdenes de la Fiscalía durante el 1 de octubre para requisar urnas y todo el material destinado a preparar y celebrar el referéndum ilegal.
Para ello, remitió a los regidores un modelo de escrito, en el que se recordaba que la instrucción entraría en contradicción con el acuerdo de la Comisión Nacional de Coordinación de la Policía Judicial, de julio de 2015, según el cual “si bien las Policías Locales son Policía Judicial en sentido genérico, no lo son en sentido estricto”, por lo que, según Buch, no estarían obligadas a respetar esas indicaciones.
La instrucción de la Fiscalía obligaba a Mossos, Guardia Civil y Policía a desactivar la organización y celebración del referéndum, elaborar atestados sobre las actividades preparatorias, remitir el informe con urgencia a la Fiscalía competente, “practicar las diligencias necesarias para acreditar los hechos delictivos y determinar las responsabilidades penales exigibles” y “adoptar las medidas necesarias para evitar la consumación o agotamiento de los delitos, requisando urnas, sobres electorales, impresos electorales, propaganda electoral, elementos informáticos y otra material de difusión, promoción o ejecución del referéndum”.
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