Memoria Democrática reparte 1,2 millones en subvenciones sin verificar si los beneficiarios cumplen los requisitos

Las subvenciones que ha aprobado el Ministerio de Memoria Democrática por valor de 1,2 millones se podrán adjudicar sin verificar si los beneficiarios cumplen las condiciones mínimas para recibirlas. Las ayudas publicadas están destinadas a sufragar actividades relacionadas con la atención y apoyo a las víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura.

«El órgano instructor podrá comprobar, a través de los medios oportunos, incluida la consulta de sistemas de información, el cumplimiento de las condiciones de acceso de los beneficiarios a la subvención». La comprobación «podrá realizarse con anterioridad o posterioridad a la concesión de la subvención», señala la convocatoria publicada en el Boletín Oficial del Estado.

En la orden que rige el proceso de solicitud de las subvenciones se introdujo en el año 2023 un cambio en el que se añadió un nuevo punto al artículo 6 de las bases. El texto señala explícitamente la eliminación de la obligatoriedad del control previo para corroborar si se cumplen las condiciones de acceso a las ayudas.

Es decir, el departamento liderado por Ángel Víctor Torres no obliga a «comprobar el cumplimiento» y señala que la verificación de los requisitos, de corroborarse, se podrá hacer antes o después de la inyección de fondos a las entidades beneficiadas. Esta modificación permite recibir dinero público antes de que la Administración verifique si se cumple con las condiciones exigidas.

En el mismo articulado, a pesar de que sí se señala que «en caso de detectarse el incumplimiento de alguna condición», se podrá denegar la subvención y exigir el reintegro, no se certifica ningún compromiso de la Administración en comprobar los criterios exigidos por el ministerio.

Los fondos y el marco legal

La convocatoria detalla que las asociaciones y fundaciones sin ánimo de lucro podrán optar a un máximo de 916.000 euros, es decir, el 75% de los fondos, mientras que las universidades públicas dependientes de las comunidades y del Estado sólo podrán optar al 25% restante.

Por temática, recibirán hasta 12.000 euros «los estudios e investigaciones relativas al reconocimiento moral de las víctimas de la guerra de España y de la dictadura en el contexto de la memoria democrática». Ayudas de hasta 5.000 euros podrán otorgarse a las publicaciones y a la organización de eventos «relativos a la dignificación y el reconocimiento moral de las víctimas», y obtendrán un máximo de 10.000 euros los que recopilen, conserven, estudien o difundan patrimonio documental escrito, oral, audiovisual o intelectual de la guerra y la dictadura».

Con todo, esta convocatoria no sólo compromete el presupuesto del ejercicio de 2026, sino que hipoteca al siguiente Gobierno. El ministerio reconoce en la convocatoria que el 25% del presupuesto total se ejecutará en 2028.

A la falta de fiscalización se une la utilización del marco legal escogido por el Ejecutivo para dar encaje legal a la convocatoria. El BOE apunta a que las bases para la adjudicación de estas subvenciones se regirán por una orden ministerial que pretende regular la concesión de fondos a la Fundación Pluralismo y Convivencia FSP, una institución dedicada a promover el conocimiento de la diversidad religiosa.

Es decir, el Ejecutivo utiliza una orden diseñada en 2023 para gestionar la diversidad religiosa como instrumento para regir el reparto de fondos de Memoria Democrática en 2026. Esto explica por qué aparecen términos como «confesiones minoritarias» en el marco legal que regula las ayudas.

La utilización de este marco excluye de facto a instituciones como la Iglesia Católica, que no es considerada una «confesión minoritaria», pero sí puede poseer «patrimonio documental escrito, oral, audiovisual o intelectual» que la convocatoria contempla subvencionar.