Marlaska permite las visitas a los presos etarras en pleno estado de alarma

• Luz Sela
• Periodista política. En OKDIARIO desde 2016.
• • 20/11/2020 06:49
  • Actualizado: 03/04/2021 17:47

La Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones (APFP) ha remitido una queja a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias en protesta por las visitas a presos etarras pese a los cierres perimetrales en la mayoría de comunidades autónomas, que impiden los desplazamientos al resto de ciudadanos.

En el documento, al que ha tenido acceso OKDIARIO, los funcionarios califican de «incomprensible» que por parte del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska «se sigan facilitando citas a los familiares cuando está restringida la movilidad entre municipios, provincias y comunidades autónomas para evitar el contagio masivo del Covid-19» y «se dé un “salvoconducto” para los familiares de los internos cuando la ciudadanía en general no puede salir de su municipio».

«Por ejemplo, tenemos familiares de presos de la banda terrorista ETA que viven en el País Vasco desplazándose a Andalucía o a Murcia, con lo que pueden transmitir el virus entre comunidades por exposición o por ser asintomáticos al personal penitenciario y estos a los internos bajo su custodia y a sus propios familiares», añaden.

Recuerdan, asimismo, que el pasado 6 de noviembre la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias remitió un escrito a los directores de los centros penitenciarios en el que, como parte de las medidas para hacer frente a la pandemia, quedaban «restringidas las comunicaciones ordinarias, por locutorio, al 50%, con dos comunicantes por interno como máximo, salvo en los centros penitenciarios de Ourense, Madrid V y León», donde están suspendidas.

Por ello, concluyen solicitando «la inmediata suspensión de las comunicaciones ordinarias en todos los centros penitenciarios dependientes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias».

Instrucciones a la Ertzaintza

Como publicó OKDIARIO, desde el Gobierno vasco se dieron también instrucciones a la Ertzaintza para permitir los desplazamientos de familiares de miembros de ETA a otras comunidades autónomas. Sin embargo, las mismas normas impedían, por ejemplo, las visitas a familiares dependientes fuera del municipio de residencia.

El documento ‘Criterios de aplicación de la Ertzaintza y policías locales sobre la alarma sanitaria’ señala que los desplazamientos a centros penitenciarios están permitidos «siempre que se cuente con la pertinente autorización emitida por la Autoridad Penitenciaria». Además, añade: «Se permitirá el desplazamiento fuera de la comunidad autónoma, cuando la comunidad de destino lo permita».

Sin embargo, paradójicamente, el mismo documento prohíbe salir del municipio para visitar a «familiares dependientes, personas con discapacidad o especialmente vulnerables». En esos casos, sólo se podría acudir al domicilio «para labores de asistencia y cuidado», es decir, no para visitas.

«Es una vergüenza y un clarísimo trato de favor inadmisible permitir viajes para visitas a los presos que se encuentran en prisiones fuera del País Vasco, con la evidencia de que la inmensa mayoría son presos de ETA condenados por graves delitos de terrorismo y no arrepentidos», denunció en OKDIARIO el concejal del Partido Popular en Bilbao y vicesecretario del partido en Vizcaya, Carlos García. «Es intolerable que en una democracia y en una situación dramática como la que vivimos todos con esta pandemia se concedan esos privilegios por parte de Urkullu y Sánchez, claramente para complacer a Bildu y conseguir sus votos manchados de sangre», añadió.

Ventajas a etarras

Precisamente, la pasada semana se conocía el voto favorable de la formación de Arnaldo Otegui a los Presupuestos del Gobierno.

En las últimas semanas, además, varios presos etarras han sido trasladados a cárceles más próximas a sus lugares de origen. Es el caso de Mikel Azurmendi, condenado por el asesinato, en 1998, del concejal del PP de Sevilla Alberto Jiménez-Becerril y su esposa. Azurmendi cumplía una pena de 416 años y 32 meses de cárcel por delitos de terrorismo, homicidios y asesinatos.

Desde que Sánchez llegó a La Moncloa, más de la mitad de los presos etarras (103) han sido acercados. 25 de ellos cuentan con delitos de sangre en su historial, que suman 111 asesinatos.