Más de 1.200 trabajadores de museos en pie de guerra contra Sánchez por incumplir el convenio laboral

Cientos de trabajadores de los museos del Estado critican que el Gobierno de Pedro Sánchez les ha dejado en la estacada. Tras aprobar en 2019 un convenio laboral que consideraban positivo, ahora el Ejecutivo central no está cumpliendo correctamente lo que recoge ese acuerdo.

Según exponen representantes de los trabajadores consultados por OKDIARIO, el Ministerio de Función Pública, que lidera Carolina Darias, está recolocando a los trabajadores de los museos en una categoría profesional donde ya no tendrán la posibilidad de promocionar y así conseguir aumentos de sueldo. Por tanto, el enfado es muy importante.

Además, consideran que habrá una gran desigualdad entre los nuevos trabajadores que entren y los que ya están en plantilla. Igualmente, denuncian que esta circunstancia se está registrando únicamente en estos trabajadores públicos y no en otros ámbitos de la Administración. «Que estas cosas pasen en la cultura privada está mal, pero que ocurra en la cultura pública es mucho peor», explican estas fuentes.

Según apuntan, hay más de 1.200 trabajadores afectados por esta situación. Se trata de 500 que ya están en nómina, a los que hay que sumar los trabajadores temporales que están ahora con contratos por semanas según las exposiciones que se desarrollen en los museos y los que pueden aspirar a las oposiciones.

Los museos nacionales cuyos trabajadores están pendientes de este conflicto laboral son, entre otros, el Reina Sofía, el del Teatro en Almagro, el Arqueológico Nacional, el de Altamira, el de Arqueología Subacuática en Cartagena, el Traje, el de Artes Decorativas, el de Cerámica en Valencia, el de Escultura en Valladolid, el del Greco en Toledo, la Casa de Cervantes, el de Arte Romano en Mérida, el Sefardí en Toledo, etc. En total, cerca de 30 museos y centros culturales.

Los sindicatos están organizando paros parciales de dos horas para reclamar que el Gobierno cumpla con lo establecido. En particular Comisiones Obreras está encabezando las protestas. Fue el único que no firmó el acuerdo en 2019, con Meritxell Batet como ministra del ramo, viendo lo que podía suceder. En todo caso, el resto de formaciones sindicales están valorando unirse a las reclamaciones a la vista de la situación.

Consideran que ahora hay un abandono total al personal de la cultura pública por parte de el Ministerio de Cultura y Deporte y el de Política Territorial y Función Pública. Por ello, los empleados de centros como el Museo Arqueológico Nacional (MAN) ya ha dejado notar su desencanto con el cierre parcial en diciembre a modo de huelga.

«Varios desprecios»

Critican que estamos en este ámbito ante «un desprecio por la negociación colectiva y el empleo público». «Los empleados públicos de los museos estatales se sientes discriminados en el desarrollo de los acuerdos, que desatienden sus peculiares condiciones laborales», lamenta Jesús Álvarez, representante de los trabajadores.

En relación con la cronología de los hechos, este portavoz recuerda que llevan «más de un año y medio exigiendo el reconocimiento de la actividad desempeñada y su plasmación completa en el IV Convenio Único». «El Gobierno no nos ha dejado otra opción que la huelga que iniciamos hace dos meses», denuncian.

Con estas movilizaciones, que retomarán cuando pasen las dificultades que deja el temporal Filomena, quieren conseguir que el Ejecutivo, que en campaña electoral siempre se arroga la bandera de la defensa de los trabajadores, garantice «una adecuada profesionalización del personal público de los museos como elemento imprescindible para erradicar la discriminación retributiva y para impulsar su carrera profesional». La idea inicial es un calendario de paros entre las doce del medio día y las dos de la tarde y entre las seis y las ocho.

En este sentido, otra muestra de «desprecio del Ministerio de Política Territorial y Función Pública a la cultura» es la oferta de empleo público (OEP) en este ámbito de los funcionarios. Señalan que «no publica puestos de conservación de museos, archivos, bibliotecas o arqueología, entre otros». Se trata, según exponen, de  «incumplimientos graves» de los acuerdos firmados en la Administración del Estado.

Entre estos incumplimientos figuran, según indican, el desarrollo completo del IV Convenio Único, la ejecución de las ofertas de empleo público, la estabilización del empleo público temporal, la distribución de los fondos adicionales 2018-2020, la publicación del protocolo frente al acoso sexual, la regulación del teletrabajo o la implantación de la carrera profesional en la Ley de Función Pública de la Administración General del Estado (AGE), entre otros puntos.

Por último, señalan que dentro del Gobierno este asunto está en el despacho de Javier Rueda, secretario General de Función Pública. Además, señalan que desde el 31 de diciembre se tenían que haber producido avances y, por el contrario, ven que el Gobierno no está dando precisamente prioridad a su situación.