España
LEY DE AMNISTÍA

Marlaska hace otro regalo a Junts y ERC: no habrá «terrorismo separatista» en el informe de Europol

Europol ya tiene el informe preliminar de España y el separatismo catalán no figura como terrorismo

El Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska le regala una baza al separatismo catalán de cara a la batalla que se juega en Europa sobre si procede olvidar delitos de terrorismo en base a la Ley de Amnistía impulsada por el Gobierno. Con la Audiencia Nacional planteando esa cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), Interior ha elaborado un informe preliminar sobre terrorismo para Europol en el que no figura como tal el «terrorismo separatista» catalán. El documento del año pasado ya fue enmendado tras una petición expresa de Carles Puigdemont mientras el PSOE negociaba con Junts la investidura de Pedro Sánchez.

El próximo informe de Europol armará de razones al separatismo de cara a las causas pendientes que tiene por terrorismo y que podrían caer vía amnistía. El TESAT 2024 (Informe de Situación y Tendencias del Terrorismo) es un documento en el que la agencia policial europea desgrana toda la actividad, riesgos y amenazas que afectan a Europa en materia terrorista, y hasta la edición de 2023 venía señalando con rotundidad el de origen «separatista» catalán y vasco.

Ese informe se elabora en base a los datos que aporta cada Estado miembro. Europol no valora ni hace apostillas, simplemente traslada al TESAT final lo que la autoridad antiterrorista de cada país le trasmite. Y según ha sabido OKDIARIO de fuentes policiales dedicadas a la lucha antiterrorista, en el borrador que este año ha elaborado y remitido a Europol el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) no se menciona actividad alguna del «terrorismo» autóctono catalán.

De esta forma, y teniendo en cuenta el carácter aséptico del trabajo de Europol a la hora de elaborar el compendio, el TESAT de este 2024 no incluirá menciones al separatismo catalán que pudiesen complicar el horizonte penal de causas por terrorismo como Tsunami o los CDR a ojos del TJUE. No será un elemento de juicio más a la hora de decidir si la amnistía tiene encaje en el Derecho Comunitario.

El movimiento supone, en la práctica, un favor al separatismo de cara a apuntalar una amnistía que ha generado muchísimas dudas entre expertos y juristas, y también ante los tribunales que aún siguen con esas causas activas.

La publicación del informe de Situación y Tendencias del Terrorismo de 2024 está prevista para las «próximas semanas», según indican fuentes de la seguridad del Estado a OKDIARIO.

La Audiencia pregunta a Europa

Tal y como ha revelado recientemente OKDIARIO, la Audiencia Nacional ha planteado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) una cuestión prejudicial para determinar si la Ley de Amnistía es aplicable a los delitos de terrorismo atribuidos a 12 integrantes de los Comités de Defensa de la República (CDR). El tribunal busca aclarar si esta ley vulnera el Derecho Comunitario y si podría garantizar la impunidad de dichos delitos.

En julio, los magistrados ya habían solicitado a las partes involucradas en el caso de los CDR que expresaran su opinión sobre la conveniencia de consultar al TJUE. La Fiscalía, que lidera Álvaro García Ortiz, sostenía que había que borrar cualquier delito de estas personas acusadas de terrorismo. Sin embargo, los jueces consideran que la aplicación de la Ley de Amnistía al delito de terrorismo imputado a los CDR podría contravenir gravemente el Derecho Comunitario y representar una infracción clara del mismo.

En una reciente resolución de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal, consultada por OKDIARIO, los magistrados sostienen que la amnistía para los CDR enviaría un mensaje a futuro, indicando que los delitos de terrorismo podrían ser perdonados si existe una intencionalidad política detrás de los mismos.

En un auto de 72 páginas, la Sección Tercera de la Sala Penal suspende el procedimiento hasta que se pronuncie el TJUE sobre la aplicación de la Ley de Amnistía 1/2024, solicitada por la Fiscalía y las defensas para los acusados de pertenencia a grupo terrorista, fabricación y uso de explosivos, y tentativa de estragos. Los magistrados plantean nueve preguntas al TJUE, señalando que los hechos descritos en los escritos de acusación podrían encuadrarse dentro del concepto de participación en un grupo terrorista, según la Directiva de 2017 y el Código Penal español.

El auto subraya que la directiva comunitaria establece la condena por participación en una organización terrorista sin que sea necesario cometer otro delito. Sin embargo, la Ley de Amnistía 1/2024 excluye su aplicación a delitos de terrorismo sólo si han causado graves violaciones de Derechos Humanos de forma intencionada, lo que genera dudas sobre si el legislador español puede añadir requisitos adicionales a los establecidos por la directiva.

La polémica de 2023

En 2023, la Comisión Europea respondió a una consulta del ex presidente catalán y eurodiputado Carles Puigdemont sobre un informe de Europol que incluía al independentismo catalán como un movimiento «activo y violento». Este informe, que analiza el terrorismo en la UE, se basó en datos proporcionados por los Estados miembros, incluida España.

El Gobierno de Pedro Sánchez solicitó la rectificación del informe tras las quejas del separatismo catalán, a pesar de que la información original provenía de las propias autoridades españolas. La respuesta de la Comisión, gestionada por la comisaria de Interior, Ylva Johansson, señaló que Europol verifica los datos de los gobiernos sobre atentados, detenciones y decisiones judiciales relacionadas con terrorismo, y no la Comisión Europea.

Puigdemont también cuestionó la fiabilidad de los datos aportados por España, especialmente tras ver que Europol calificaba al separatismo catalán como uno de los movimientos más activos y violentos del país. La Comisión Europea explicó que los criterios utilizados por Europol son mínimos y que cada país puede definir los actos de terrorismo con sus propias regulaciones. Esto indicaba que si Europol clasificó las actividades de los CDR como terroristas, fue porque así lo consideraron previamente las autoridades españolas.

La reacción del Gobierno de Sánchez, sin embargo, buscó desmarcarse de esta definición. El Ejecutivo pidió corregir el informe argumentando que su propio análisis, no hecho público, no consideraba a los grupos separatistas como terroristas. Para justificar esta petición, el Gobierno se apoyó en el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (Citco), dirigido por un general de la Guardia Civil. Este organismo sostuvo que el separatismo catalán solo realizaba acciones menores, como quemar banderas y realizar escraches.