A Marlaska le faltan 300 médicos en las prisiones para completar la plantilla necesaria

Lo cierto es que muchos centros penitenciarios incluso carecen de médicos para atender las necesidades diarias o para hacer las guardias, «lo que nos aboca a que no haya presencia de facultativos en las prisiones. La solución planeada por la administración, con carácter general, es establecer un servicio de “telemedicina” en los centros penitenciarios, lo cual es inoperativo dada la idiosincrasia del medio y sus particularidades asistenciales y legales», añaden y explican desde ACAIP que «aplicar este modelo en los centros es tanto como desconocer la realidad de los mismos».

Por ejemplo, cuando ocurre una alteración del orden dentro de una prisión es necesaria la intervención del médico para la elaboración de un informe y valorar la conveniencia o no de la aplicación de sujeciones mecánicas, estableciendo el protocolo que este sea previo. «Es frecuente también que el médico deba atender situaciones de urgencia derivadas de autolesiones de los internos, intoxicaciones por estupefacientes o lesiones que pueden producirse con otros internos. En definitiva, numerosas actuaciones que requieren la pertinente emisión de informes médicos que deben basarse en la exploración del paciente y que es imposible a través de medios telemáticos», explican.

Pero si la Administración penitenciaria «pretende que otros profesionales sanitarios tomen y asuman decisiones que son competencia exclusiva de los facultativos podemos encontrarnos con un problema grave», asegura ACAIP. Porque «el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades son competencia exclusiva del médico, no estando otros profesionales capacitados para decidir qué situaciones son de urgencia vital o precisan ser trasladados al hospital para exploraciones complementarias», añaden.

La sanidad es un problema complejo que la Administración «no afronta de manera adecuada, no articula soluciones viables y, como en otras facetas, hace política de hechos consumados como la asistencia por “telemedicina”, sin tener en cuenta la apreciación de quienes trabajan día a día en los centros y son plenos conocedores de los problemas que este tipo de atención puede generar, de carácter jurídico y sanitario que, además, redunda en la propia seguridad de los centros y la salud de los internos», dice el sindicato en un comunicado de Prensa.

Desde ACAIP-UGT «entendemos que la solución del problema pasa por un compromiso por parte de la administración penitenciaria y de las propias Comunidades Autónomas de no dejar caer el sistema sanitario penitenciario. No es solo una cuestión de atención médica, se trata de la más elemental asistencia y de no establecer una doble pena a quienes se encuentran privados de libertad, sin obviar la grave alteración del orden y los problemas de seguridad que genera en los centros penitenciarios la falta de atención sanitaria», concluyen.