Marlaska desmantela competencias de Guardia Civil en puertos y aeropuertos a favor de otras policías
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Los guardias civiles acusan al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, de dar un primer paso en el desmantelamiento de la Guardia Civil entregándole a las policías autonómicas y a la Policía Nacional las competencias de Guardia Civil en puertos y aeropuertos. Algo que Interior ha hecho de forma sibilina aprovechando el verano para publicar el 21 de julio una nueva Orden de modificación de la estructura y funciones de la Policía, que de facto implica la usurpación de las competencias de los guardias según la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC).
La forma de abordar esta reestructuración de forma disimulada se ha hecho, según fuentes del Instituto Armado, usando los Planes de Seguridad que sólo requieren del trámite de la firma del Secretario de Estado de Seguridad para desterrar a la Guardia Civil de algunos de sus cometidos.
Una vez modificados los planes, aseguran las mismas fuentes, la publicación de la nueva Orden en el Boletín Oficial del Estado, abre la puerta a la entrega de todas las competencias de seguridad en puertos a Ertzaintzas, Mossos d’Esquadra y Policía Nacional, tanto en zona pública como en zona restringida, incumpliendo la Ley al retirar a la Guardia Civil la vigilancia de fronteras, puertos y aeropuertos, relegándola únicamente a una presencia testimonial como resguardo fiscal.
En los puertos, la Guardia Civil perdería según AUGC, el control de acceso o de salidas la seguridad interior denuncias atención al ciudadano vigilancia de infraestructuras críticas como depósitos de combustible refinerías y regasificadoras de gas depósitos de gas el mismo puerto en sí es una estructura crítica por tanto se perderían las competencias en seguridad ciudadana
En aeropuertos, calculan, la Guardia Civil dejaría de controlar los filtros, la seguridad de instalación en sí, el control de los vigilantes, denuncias, y seguridad ciudadana. Todo pasaría a manos de la Policía Nacional, incluyendo la vigilancia de pistas, perímetros, control de drones, accesos y control de las tripulaciones.
También quedaría fuera de su alcance la vigilancia de los buques el control de los pasajeros tripulantes y mercancías y vehículos que acceden a los ferries, así como la identificación de personas, los señalamientos, requisitorias que pudiera haber, el control de explosivos e incluso la seguridad con perros.
La cesión de competencias redundaría en la pérdida de medios humanos y materiales de la Guardia Civil, además de perjudicar laboralmente a los guardias, en una maniobra que AUGC atribuye a las rencillas con los generales de la Institución.
Desde AUGC anuncian la interposición de un recurso de forma inmediata contra la orden recién publicada. «Es incomprensible que con una Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad totalmente obsoleta y con una más que necesaria reforma profunda, no se haga nada por aprobar un nuevo texto y se utilice la puerta trasera para importantes cambios que perjudican a la Guardia Civil», aseguran.
Desde Interior, mantienen que las competencias de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad están fijadas por la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (LOCFS) y en el RD 734/2020, de 4 de agosto, en el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio del Interior, que no han experimentado ninguna modificación. Por lo tanto, no se ha producido ningún recorte de competencias en las funciones de la Guardia Civil ni en sus atribuciones en puertos y aeropuertos.
Además, Interior sostiene que «todas las funciones de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional en la Orden por la que se desarrolla la estructura orgánica y las funciones de los servicios centrales y territoriales de la Dirección General de la Policía, se corresponden con las atribuidas por la LOFCS a la Policía Nacional».
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