A Marlaska se le descontrola el Covid en las prisiones: 15 días sin comunicaciones ni permisos de salida

Hace sólo unos días, Picassent se cerraba a cal y canto ante la explosión de casos de Covid. Hoy, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ha remitido un escrito a todos los centros penitenciarios con nuevas recomendaciones en las que suspende al menos durante 15 días las comunicaciones y permisos de salida ante el repunte de positivos de Covid-19 entre internos y trabajadores.

Según la última actualización de datos del jueves pasado, un total de 572 personas privadas de libertad se encontraban afectadas por Covid-19, «la inmensa mayoría (507) asintomáticas», según ha subrayado el organismo dependiente del Ministerio del Interior. El número de trabajadores penitenciarios afectados en esa misma fecha era de 339.

A la suspensión temporal de los traslados no sanitarios, judiciales o aquellos que sean imprescindibles, y de las visitas de alumnos en prácticas, investigadores y personal análogo, decretada por la Secretaría General para todas las prisiones, este martes se suman otras medidas, entre ellas la suspensión de comunicaciones orales y especiales.

También se propone «aplazar o suspender» los permisos de salida, aunque participando la propuesta al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, en los términos previstos en el artículo 157 del Reglamento Penitenciario, así como la suspensión de la entrada del personal de entidades colaboradoras/ONG para la realización de actividades culturales, deportivas, ocupacionales y programas formativos específicos.

Debido a la tercera ola dentro de las prisiones, Interior propone suspender la entrada de profesionales externos y la restricción de la entrada de los monitores de empresas externas «al mínimo indispensable». También se interrumpen las salidas programadas y de las salidas regulares al exterior para internos de segundo grado (artículo 117 del Reglamento Penitenciario).

Entre las medidas, se contempla la suspensión de la entrada de profesionales para la actividad docente de enseñanza reglada no universitaria, acordando dicha medida con la administración educativa de cada Comunidad Autónoma, así como con la UNED.

«Aquellos centros que adopten estas medidas», recuerda Instituciones Penitenciarias, «deberán comunicarlas al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria». Tendrán una validez temporal de 15 días, transcurridos los cuales se revisarán en función de las tasas de infección de las comunidades autónomas y de la situación COVID-19 en los centros penitenciarios.