Marlaska expedienta a tres funcionarios de prisiones que fueron a votar el 4M

• Carlos Cuesta @carloscuestaem
• Director adjunto en OKDIARIO.
• • 24/06/2021 06:50
  • Actualizado: 18/09/2024 10:54

Los centros penitenciarios pusieron todos los obstáculos imaginables a los funcionarios de prisiones para que no fueran a votar el 4M en las elecciones autonómicas de Madrid. No se trata de un colectivo mayoritariamente cercano al actual Gobierno. Y es el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en última instancia, el responsable final de ese departamento y, por lo tanto, de esos obstáculos.

Pero ahora la cosa ha ido a más. Y es que, pese a las trabas oficiales, hubo funcionarios que decidieron ejercer su derecho al voto con un permiso laboral. Y la inspección penitenciaria ha decidido actuar: citó ayer a declarar a tres trabajadores de la prisión de Valdemoro dentro de la tramitación de un expediente disciplinario por falta grave. Todo ello, incoado por haber acudido a votar en las pasadas elecciones del 4 de mayo a la Asamblea de la Comunidad de Madrid en horario laboral.

La Junta Electoral Provincial de Madrid, máxima autoridad durante la jornada electoral, emitió un acuerdo en el que reconocía el derecho de hasta cuatro horas de permiso retribuidas a todos los trabajadores de todas las administraciones públicas en Madrid. En el mismo sentido, se pronunció la Delegación de Gobierno. Sin embargo, “desde la Subdirección General de Recursos Humanos de Instituciones Penitenciarias, se cursaron instrucciones para que los directores de las prisiones de Madrid no dieran este permiso retribuido a aquellos empleados públicos que lo solicitaran y no prestasen doble jornada”. Una restricción de derechos que afectó a un número importante de trabajadores, tal y como señalan fuentes sindicales.

Expediente disciplinario

Los funcionarios de prisiones han sufrido ahora la apertura de un expediente disciplinario. Y ello por el hecho de haber acudido a sus respectivos colegios electorales para ejercer su derecho al voto, presentando el correspondiente justificante en su centro de trabajo.

Un comunicado de los sindicatos CSIF, II.PP., APFP, CCOO, Acaip y UGT ha denunciado el hecho y señala que “son incomprensibles las trabas que, desde la administración penitenciaria, se pusieron el día 4 de mayo para que sus trabajadores pudieran acudir a las urnas”. “Sorprende esta actitud en un Gobierno que, días antes, instaba a la población en general a que denunciara si en su empresa no les facilitaban el permiso retribuido para ir a votar”, apuntan.

ACAIP-UGT y CSIF interpusieron sendas denuncias penales por los hechos narrados ante el juzgado en las que, tras mencionar las dos resoluciones de la Junta Electoral Provincial y de la Delegación de Gobierno, señalaban, entre otras cuestiones, que la Administración podría estar incurriendo en un comportamiento delictivo al negar el permiso para ir a votar de los trabajadores. “(…) Con dicha actuación la Administración desalentó o desincentivó la participación del elector en el proceso electoral o, incluso, pudo inducir a la abstención al dificultar injustificadamente su derecho al voto (…)”, indicaban las denuncias.

A mediados de mayo la dirección del Centro Penitenciario Madrid III (Valdemoro), comunicó a los funcionarios de prisiones el descuento en nómina del tiempo empleado en votar, a pesar de tratarse de un permiso retribuido. Ahora se le suma la apertura de expediente por comisión de una falta grave de desobediencia a los superiores y a las autoridades, sancionada con hasta tres años de suspensión de empleo y sueldo.

Por todo ello, los servicios jurídicos de los sindicatos han solicitado que se paralicen los expedientes abiertos hasta que se resuelvan las denuncias penales interpuestas contra la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y los directores de los centros penitenciarios madrileños por hacer caso omiso de las instrucciones dictadas desde la Delegación del Gobierno y la Junta Electoral Provincial de Madrid, y negar el permiso para ir a votar de los trabajadores.

Este pasado miércoles los tres expedientados debían declarar por los hechos, y la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ha comunicado a todos ellos que se suspendía esta declaración a raíz, precisamente, del rechazo sindical. Eso sí, desde el Ministerio de Fernando Grande-Marlaska “no se ha aclarado la situación en la que queda el expediente, ya que les emplaza a la información escrita que se les remitirá”, destacan fuentes sindicales.