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COMUNIDAD DE MADRID

Madrid pone en marcha su cortafuegos a la Ley Celaá: blinda las plazas de educación concertada y especial

Claves de la Ley Celaá que el Gobierno PSOE-Podemos ha aprobado para la educación en España

El Consejo de Gobierno de Madrid, encabezado por Isabel Díaz Ayuso, ha aprobado este miércoles el proyecto de la legislación autonómica que actuará como cortafuegos de la nueva ley de educación nacional, conocida como Ley Celaá.

Se trata de la Ley Maestra de Libertad Educativa de la Comunidad de Madrid, cuyo texto debe ser ahora remitido a la Asamblea de Madrid para iniciar el debate previo a su entrada en vigor, prevista para el próximo curso, y que blindará las plazas tanto de la educación concertada como de la especial.

El Ejecutivo contrarresta de esta forma el ataque a estos dos tipos de educación que ha supuesto la entrada en vigor de la ley que ha tomado el nombre de la ministra de Educación, Isabel Celaá. Isabel Díaz Ayuso quiere con su texto «garantizar un sistema educativo acorde con la Constitución y con el ejercicio de la libertad de elección de centro escolar, recogida en su artículo 27, teniendo en cuenta la demanda de las familias y el desarrollo integral de los alumnos y, específicamente, de los que presentan necesidades educativas especiales».

La legislación se aplicará en todos los centros educativos de la región sostenidos con fondos públicos, lo que incluye a 1,2 millones de estudiantes  que estudian en estos colegios (tanto públicos como concertados).

En concreto, respecto a la modalidad de Educación Especial, la ley protegerá a 5.839 de estos alumnos. La Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid explica que «esta escolarización se revisará de forma continua para que en cada momento se cuente con el entorno educativo más inclusivo y potenciador de las capacidades del alumno», de tal manera que «se garantiza en la región la continuidad de los centros de Educación Especial en la Comunidad de Madrid, pese a la aprobación de la nueva ley educativa estatal».

Respecto a la educación concertada, la nueva normativa madrileña mantendrá el concepto de «demanda social», excluido de la Ley Celaá, para «garantizar las plazas suficientes en enseñanzas declaradas obligatorias y gratuitas, teniendo en cuenta la oferta de los centros públicos y privados concertados».

Además, la ley asegurará también la libertad de elección de centro educativo con independencia del barrio de residencia y apostando por la zona única, «una de las señas de identidad del sistema educativo madrileño».

En este sentido, el Gobierno de Ayuso recuerda que el 95,8% de las familias madrileñas ha obtenido plaza en el colegio elegido como primera opción para escolarizar a sus hijos de 3 años para el próximo curso escolar 2021/22.

Una cifra que, afirma, supone una mejoría de casi dos puntos con respecto a los datos registrados el pasado curso y son, además, el mejor porcentaje registrado en toda la serie histórica.