La ley de Sánchez pasa por alto el aviso de la UE de que no hay ‘memoria’ sin condena al comunismo

La llamada Ley de ‘Memoria Democrática’ que el PSOE ha pactado con Bildu desoye el aviso de la Comisión Europea de que el nazismo y el comunismo son ideologías condenables por los millones de muertos que han causado. En la documentación del Congreso sobre este anteproyecto de ley se incluye la resolución comunitaria, sin embargo, el proyecto de ley del Gobierno ignora esta premisa y sólo habla del nazismo.

En el dossier elaborado por el Congreso de los Diputados sobre la nueva normativa se incluyen dos documentos claves: la resolución del Parlamento Europeo, de 19 de septiembre de 2019, sobre la importancia de la memoria histórica europea para el futuro de Europa, y la respuesta de la Comisión Europea a una pregunta de varios eurodiputados sobre la ley. Ambos documentos hacen hincapié en la necesidad de condenar los crímenes y atrocidades cometidos por los regímenes totalitarios como el nazismo, pero también el comunismo. Esta resolución irritó sobremanera a la izquierda, reacia a equiparar las atrocidades del fascismo y el comunismo.

Aunque el Congreso considera como «documentación complementaria» los documentos de la UE críticos con el comunismo, el Ejecutivo de PSOE y Podemos no incluye en su anteproyecto de ley ni una línea en contra de esta ideología y en reparación a sus víctimas. Frente a los afectados por el franquismo, que tendrán una gran variedad de medidas a su favor, los represaliados por agrupaciones comunistas no tendrá una reparación similar.

Tal como ha informado este periódico, el anteproyecto de ley que Pedro Sánchez aprobará la próxima semana, gracias al apoyo de Bildu, considera «infracción muy grave» la «exaltación personal o colectiva de la sublevación militar, la Guerra [Civil], la dictadura o sus dirigentes», que será castigada con multas de entre 10.001 y 150.000 euros. Por el contrario, el Gobierno quiere despenalizar el enaltecimiento del terrorismo, como ya ha planteado en el Congreso de los Diputados. Además, sigue pasivo ante los actos de homenaje a etarras.

La Comisión Europea recordó a varios europarlamentarios, cuando comenzó la tramitación de la nueva ley, la Resolución del Parlamento Europeo sobre la importancia de la memoria histórica europea para el futuro de Europa. Ese texto, aprobado en 2019, recuerda que «los regímenes nazi y comunista cometieron asesinatos en masa, genocidios y deportaciones y fueron los causantes de una pérdida de vidas humanas y de libertad en el siglo XX a una escala hasta entonces nunca vista en la historia de la humanidad».

Asimismo, se condena «en los términos más enérgicos los actos de agresión, los crímenes contra la humanidad y las violaciones masivas de los derechos humanos perpetrados por los regímenes comunista, nazi y otros regímenes totalitarios».

Bruselas requiere además a los Estados miembros «que hagan una evaluación clara y basada en principios de los crímenes y los actos de agresión perpetrados por los regímenes totalitarios comunistas y el régimen nazi» y expresa la «preocupación por el hecho de que se sigan usando símbolos de los regímenes totalitarios en la esfera pública y con fines comerciales». En este contexto, la resolución resalta que «varios países europeos han prohibido el uso de símbolos nazis y comunistas». 

La Comisión contestaba así a varios eurodiputados -entre ellos, el fugado Carlos Puigdemont y los de IU- que quería conocer la posición de las autoridades comunitarias sobre el crítico informe del Consejo General del Poder Judicial en relación con esta nueva ley de «memoria democrática».

En dicho informe, el máximo órgano de los jueces criticaba medidas incluidas en la propuesta del Ejecutivo, como el cierre de fundaciones o la prohibición de actos de apología al franquismo ya que, en su consideración, estarían amparados por la «libertad ideológica» siempre y cuando no supusieran humillación de las víctimas. La nueva norma del Gobierno abre la puerta a ilegalizar fundaciones, como la Francisco Franco.

Los eurodiputados censuraban que «hoy, decenas de miles de familias buscan aún los cuerpos de sus familiares víctimas de este régimen criminal en cunetas y fosas comunes». Demandaban a la Comisión que expresase su postura sobre si «la libertad de expresión ampara ideologías totalitarias como el franquismo, el nazismo o el fascismo».

La Comisión Europea llamaba especialmente la atención por el hecho de que en algunos países siguiesen existiendo en espacios públicos «monumentos y lugares conmemorativos que ensalzan los regímenes totalitarios, lo que facilita la distorsión de los hechos históricos sobre las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial y la propagación del sistema político totalitario» y condenaba la «distorsión de los hechos históricos» por parte de «las fuerzas extremistas y xenófobas».

Por ello, se instaba a los Estados miembros a prohibir «efectivamente los grupos neofascistas y neonazis y cualquier otra fundación o asociación que exalte y glorifique el nazismo y el fascismo o cualquier otra forma de totalitarismo». Sin embargo, Sánchez ha dejado fuera el comunismo de su nueva ley estrella.