La Ley Montero rebaja 20 meses de cárcel a un proxeneta que violó a una prostituta

El Tribunal Supremo, en aplicación de la Ley sólo sí es sí impulsada por Irene Montero, ha rebajado en 20 meses de prisión la condena a un hombre que trajo de Paraguay a una mujer para obligarla a ejercer la prostitución en Madrid, en el polígono industrial Marconi, y a la que él mismo violó en un coche porque «quería comprobar si valía para el trabajo», según recoge la sentencia que desvela OKDIARIO.

La Sala de lo Penal resuelve que corresponde estimar parcialmente el recurso y se le impone «como autor del delito de agresión sexual, con penetración, la pena de cinco años y cuatro meses de prisión». Inicialmente, la Audiencia Provincial impuso siete años de prisión. El reo solicitó la revisión de la sentencia y en primera instancia se lo denegaron, pero, ahora, el Alto Tribunal concluye que lo correcto según la Ley Montero es reducir la condena. Por otra parte, el hombre fue condenado a un delito contra el derecho de los ciudadanos extranjeros (cinco años de prisión), un delito de trata de personas con fines de explotación sexual (otros cinco años) y un delito de prostitución coactiva (otros dos años y seis meses además de una multa).

La nueva sentencia es del 11 de enero de 2024. El año empieza en el Alto Tribunal sin que cese la cascada de peticiones de rebajas de penas a agresores sexuales. Aunque las fuentes jurídicas consultadas apuntan a que el ritmo se ha reducido ligeramente, quedan cientos de casos por analizar. El Consejo General del Poder Judicial ha enumerado en más de 1.230 las revisiones a la baja de sentencias por la Ley Montero. Se trata de una estadística que se actualizó en noviembre.

En esta última rebaja, que desvela OKDIARIO, los hechos probados recogen que «el día que el procesado llevó en su vehículo a la víctima a un polígono para enseñarle el lugar donde debería ejercer la prostitución y, en concreto, al callejón a donde debía conducir a los clientes, le obligó a pasarse a la parte trasera del coche, le bajó los pantalones a la fuerza, la colocó a cuatro patas y la penetró analmente a la vez que le decía que quería comprobar si valía para el trabajo, todo ello con la manifiesta y clara oposición de la víctima».

El hombre, mayor de edad y sin antecedentes penales, de nacionalidad paraguaya y en situación legal en España vivía con su pareja, una mujer también condenada por los delitos ligados a la trata. «En 2010, el condenado, de acuerdo con su madre, que vivía en Paraguay, contactó con la víctima, una vecina suya, ofreciéndole venir a España para ejercer la prostitución en su domicilio, atendiendo a clientes y amigos. Le dijo igualmente que iba a ganar mucho dinero y que podría salir de la ruina dado que tenía cuatro hijos y una mala situación económica», detalla el fallo.

Para ello, el hombre remitió a su madre el dinero para comprar vuelos de ida y vuelta, pasaporte, un hotel de siete días y 835 euros extra, con la finalidad de aparentar ser una turista. Llegó a Madrid, tras pasar por Sao Paulo y París. Fue recogida en el aeropuerto por ambos condenados, quienes le llevaron a su domicilio en la capital.

Hasta 20 € por servicio

A las dos semanas de su llegada, el hombre la requirió para que se pusiera a ejercer la prostitución, indicándole que debería vestir ropa sugerente y desarrollar tal actividad en la calle, durante todos los días de la semana de 18:00 a 22:00, señalándole que debía cobrar entre 10 y 20 euros por servicio, «dependiendo de en qué consistiera». Le indicó que no debía moverse del polígono y que él la estaría vigilando en todo momento. Primero le exigió 50 euros diarios, después 500 euros cada 15 días y finalmente 800 euros al mes. Las condiciones impuestas «en nada tenían que ver» con las ofrecidas en Paraguay. Ella manifestó su deseo de regresar, a lo que éstos se opusieron, indicándole que tenía que saldar la deuda generada. Con claro carácter intimidatorio, el hombre le dijo que tenía unos colombianos que trabajaban con él. Si no recaudaba el dinero suficiente, «le pegarían una paliza».

Debido al «temor generado por las indicaciones, la deuda, su situación de irregularidad administrativa en España» y el hecho de que los procesados conocían dónde residía su familia en Paraguay, careciendo además de amigos en nuestro país, la víctima comenzó a ejercer la prostitución. Al menos cinco meses, bajo «la estrecha vigilancia» de los condenados. Les daba toda la recaudación obtenida, con excepción de una mínima suma de dinero, que ascendía a unos 70 euros mensuales para comida. En total entregó unos 4.200 euros.

Finalmente, tras los infructuosos peticiones de abandonar esa dinámica, «logró escapar y abandonar la vivienda» en marzo de 2011. De vuelta en Paraguay le ofrecieron trabajo en España cuidando a una menor por 1.300 euros mensuales, con lo que podría pagar la deuda.

Regresó a la casa en Madrid de los dos condenados y comprendió «el verdadero objeto de su viaje»: prostitución forzada y la entrega de los beneficios a los condenados hasta borrar la deuda, 4.500 euros. Volvió al polígono a prostituirse entre las 17:00 y 22:00 horas, todos los días durante tres meses, bajo estrecha vigilancia. Al final, con ayuda de un cliente, acudió a denunciar los hechos a una asociación y días después abandonó el domicilio. Ahora tiene que ver cómo la Ley Montero beneficia al hombre que se convirtió en su peor pesadilla.