Los letrados avalan que los golpistas suspendidos como diputados no cobren ni un duro como pidió Vox

Los letrados avalan que los golpistas suspendidos como diputados no cobren ni un duro como pidió Vox
Oriol Junqueras, Josep Rull, Jordi Sánchez y Jordi Turull.

El informe jurídico redactado por los letrados del Congreso sobre los efectos de la suspensión de los cuatro diputados que están en prisión preventiva por el 'procés' avala que no cobren ni un día de sueldo del Congreso.

Los diputados elegidos en las elecciones del pasado 28 de abril generan derecho a cobrar su asignación constitucional desde el día de las elecciones, aunque no formalicen su condición de parlamentarios hasta el día de la constitución de la Cámara.

Por ello, en principio tanto Oriol Junqueras, de ERC, como Jordi Sànchez, Josep Rull y Jordi Turull, de Junts per Catalunya, tenían derecho a percibir esta retribución siempre que, como el resto de electos, que no estuvieran percibiendo a la vez otro sueldo público.

Vox presentó un escrito ante la Mesa del Congreso solicitando formalmente que ninguno de ellos recibiera ni un euro de la institución, una petición que, atendiendo a la opinión de los letrados, tiene visos de ser atendida por el órgano de gobierno de la Cámara.

Según el informe jurídico, la Mesa fue la que acordó en su día que los diputados electos pudieran cobrar desde el día en que eran elegidos y, por tanto, también tiene la facultad de decidir que los cuatro afectados por la suspensión no perciban esa retribución.

"La Mesa podría no autorizar el abono de las percepciones económica que habrían correspondido a los citados diputados, teniendo en cuenta que al haberse declarado automáticamente suspendidos en sus derechos tan pronto como perfeccionaron su condición, y mientras esta suspensión se mantenga, aquellos no han llegado a desplegar sus efectos", reza el informe de los letrados.

Asimismo, el informe determina que, mientras sigan suspendidos, correspondería a la Mesa del Congreso autorizar la baja de estos cuatro diputados en la cobertura de protección social con cargo al Presupuesto de la Cámara, así como en la póliza de accidentes concertada por las Cortes Generales.

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