El letrado mayor del Parlament tampoco ve «recorrido jurídico» al recurso del Gobierno contra Puigdemont

El letrado mayor del Parlamento catalán, Toni Bayona i Rocamora, ha asegurado que la decisión del Gobierno de impugnar en este momento la candidatura de Carles Puigdemont a presidente de la Generalitat «no tiene ningún recorrido», dado que se trata de una medida «preventiva» contra alguien que «no está inhabilitado» para desempeñar ese cargo.

Bayona i Rocamora ha planteado esta reflexión en un seminario del Parlamento Vasco, en el que ha ofrecido una conferencia titulada ‘La reforma de los reglamentos parlamentarios y la protección de los derechos de las minorías’.

Una vez concluida su conferencia, el letrado mayor del Parlament ha respondido a una pregunta acerca de la decisión del Ejecutivo español de impugnar ante el Tribunal Constitucional la candidatura de Carles Puigdemont a la Presidencia de la Generalitat.

El letrado mayor del Parlamento catalán ha recordado que el Consejo de Estado «no ha dado su apoyo» a la decisión del gabinete de Mariano Rajoy, aunque ha reconocido que no ha podido leer el dictamen de este organismo consultivo.

Bayona i Rocamora ha asegurado que, si se confirma que la medida por la que opta el Ejecutivo central es impugnar la propuesta de Puigdemont como candidato a presidente del Gobierno catalán, esa vía no tendrá «ningún recorrido jurídico».

Según ha recordado, pese a su situación judicial —el ex presidente está imputado por varios delitos relacionados con el proceso separatista— Puigdemont «no está inhabilitado, en principio, para el cargo» de presidente del Ejecutivo catalán.

Precedentes

Por ese motivo, ha explicado que «teóricamente podría ir» el martes a la sesión de investidura, puesto que aunque regresara a España y se ejecutara la orden de detención que pesa contra él, se podría dar el caso de que el juez le permitiera acudir al pleno de investidura.

En referencia al caso del antiguo candidato de HB a lehendakari Juan Carlos Yoldi, que en 1987 acudió a una sesión de investidura en el Parlamento Vasco pese a que se encontraba en prisión preventiva, ha recordado que existen «precedentes».

El letrado mayor del Parlament ha subrayado que «jurídicamente» es posible que Puigdemont participe de forma presencial y legal en la sesión de investidura el martes, por lo que la impugnación de su candidatura es «un recurso preventivo».

A su juicio, sería «más lógico» que el Gobierno central o los propios grupos de la oposición de la Cámara catalana esperaran al pleno del próximo martes para adoptar una decisión.

De esa forma, ha afirmado que en el caso de que se pretenda seguir adelante con la investidura de Puigdemont a través de una fórmula alternativa a su presencia física en el pleno —por ejemplo mediante la actuación de otro diputado en su nombre— sí existiría «más fuerza constitucional» para recurrir la investidura por la vulneración del reglamento del Parlament -que según interpretan los letrados de la Cámara exige la presencia física del candidato- o por la vulneración de los derechos de los parlamentarios a mantener un debate con el candidato.

«Día negro»

En caso de que Puigdemont optara por esa vía para tratar de ser reelegido presidente, el letrado mayor de la Asamblea catalana ha asegurado que se produciría «otro día negro» para el Parlament, como —según ha dicho— ocurrió los días 6 y 7 de septiembre del pasado año, cuando se aprobaron las leyes de referéndum y de transitoriedad jurídica a través de un procedimiento de «superlectura única» que iba «mucho más allá» de lo que permitía el reglamento.

Bayona i Rocamora también se ha referido a la situación que podría producirse en el caso de que el Tribunal Constitucional decretara la suspensión de la investidura, una medida que afectaría a los plazos del proceso para la designación del nuevo presidente del Gobierno de Cataluña.

Por ese motivo, ha afirmado que «el sentido común» apuntaría a que el Tribunal Constitucional debería dictar una resolución definitiva sobre la investidura «en 24 o 48 horas».

Al inicio de su intervención, Bayona i Rocamora ha reconocido que los letrados del Parlament —que han debido pronunciarse sobre la legalidad de algunas de las principales decisiones de la cámara respecto al proceso soberanista— llevan más de dos años «en una situación laboral complicada», debido a la «conflictividad constitucional» generada por los recursos del Gobierno español contra buena parte de esas resoluciones.

«Autonomía parlamentaria»

El letrado mayor de la cámara catalana ha reivindicado los reglamentos parlamentarios como «expresión básica de la autonomía parlamentaria», y ha defendido la necesidad de mantener las «garantías de independencia de las asambleas legislativas frente a los poderes Ejecutivo y Judicial».

En su conferencia, también ha aludido al Tribunal Constitucional, que en los últimos años ha anulado algunas de las principales resoluciones aprobadas por el Parlament en el marco del proceso soberanista, incluida la propia declaración de independencia del pasado 27 de octubre, y que deberá pronunciarse sobre la impugnación de la candidatura de Carles Puigdemont a la Presidencia de la Generalitat.

«Lo que ha pasado en Cataluña ha supuesto que el Tribunal Constitucional haya cambiado incluso los enfoques doctrinales en la línea de una mayor injerencia», ha manifestado. El letrado mayor también ha recordado que el TC se ha pronunciado contra los procedimientos empleados por el Parlament para la elaboración de algunas leyes «que debían ser el buque insignia del proceso político hacia la independencia».