La primera medida del alcalde de Granada fue subirse el sueldo para cobrar como un ministro: 61.095€

La llegada del alcalde José Torres Hurtado a la alcaldía de Granada en 2003 creó mucho malestar entre los vecinos cuando su primera medida fue subirse el sueldo un 32%. De 46.154 euros en 2003 pasó a cobrar 61.095 en la actualidad, según el Portal de Transparencia municipal. Una cantidad que se acerca al sueldo de los ministros del Gobierno de Mariano Rajoy (69.000 euros).

Además y según la declaración de bienes y rentas que el alcalde ha colgado en la página del consistorio, Torres Hurtado sería propietario de ocho viviendas al 50%, cinco en Granada, dos en las afueras, una en Marbella y además de una finca rústica en Piñar. Todas ellas están valoradas entre 32.000 euros y casi 84.000 la más cara, según la declaración. También figuran tres garajes en la capital y 110.000 euros en su cuenta corriente. Asegura que no tiene ninguna hipoteca y posee un coche (Mercedes ML320) del año 2005.

Torres Hurtado lleva en política 34 años, desde 1982 que elegido diputado por Granada. Minutos antes de las nueve de la mañana saltaba la noticia del registro en el Ayuntamiento de Granada, donde se han personado agentes de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (Udef). Torres Hurtado junto con la concejal de urbanismo, Isabel Nieto fueron llevados a dependencias policiales para ser puestos a disposición judicial. Ambos han quedado en libertad hace pocas horas tras ser interrogados por la Policía.

El abogado de la concejal y de otros cinco funcionarios, Ernesto Osuna, ha dicho que la imputación que le hacen a Nieto es «genérica» y está relacionada con diferentes expedientes urbanísticos. El Juzgado de Instrucción 2 de Granada investiga diez delitos por la supuesta trama de corrupción: cohecho, fraude en la contratación, asociación ilícita, prevaricación, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, estafa, falsedad en documento mercantil, administración desleal y contra la ordenación del territorio.

La investigación afecta a 17 personas, de las que 16 han sido detenidas. El juzgado ha ordenado la entrada y registro en distintos domicilios particulares, sedes sociales y oficinas públicas y privadas de empresas vinculadas a Granada, tras dos querellas presentadas por la Fiscalía de Urbanismo y Medio Ambiente de Granada.