La Fiscalía y la defensa de la infanta piden la aplicación de la doctrina Botín

El abogado Jesús María Silva, defensor de la infanta Cristina, ha solicitado, durante el trámite de cuestiones previas que este lunes ha marcado el inicio del juicio del caso Urdangarin, que le sea aplicada a su patrocinada la «jurisprudencia consolidada» del Tribunal Supremo en torno a la denominada doctrina Botín, al considerar que la hermana del Rey no debe ser juzgada con la sola acusación del sindicato Manos Limpias, puesto que ni la Fiscalía Anticorrupción ni Hacienda presentan cargos contra ella.

Durante su intervención en la vista oral, que juzga el presunto desvío de más de seis millones de euros públicos a través del Instituto Nóos, ha solicitado la nulidad de la apertura del juicio oral contra la infanta: «¿Qué tenemos aquí? Una acusación popular que sostiene en solitario que Cristina de Borbón fue cooperadora necesaria de dos delitos fiscales, sin acusación por parte de Fiscalía y la Agencia Tributaria», ha espetado.

«Para evitar que se vulnere la Ley, no pedimos que se aplique la doctrina Botín, sino la jurisprudencia consolidada del Tribunal Supremo», ha aseverado, recalcando que «claro que hubo una sentencia inicial (relativa al que fuera presidente de Banco Santander, Emilio Botín, que no fue sometido a juicio en el llamado caso ‘cesiones de crédito’ por solicitarlo únicamente la acusación popular), pero luego otra, que sin contradecir la primera, la complementó, y otra más».

En esta línea, ha apuntado que además hay siete pronunciamientos por parte de Audiencias Provinciales que avalan la anterior jurisprudencia, en alusión a diversos autos dictados por las dependencias judiciales de Toledo, Murcia, Madrid y Baleares que han aplicado este mismo supuesto.

Horrach pide el sobreseimiento

El fiscal Anticorrupción Pedro Horrach ha asegurado que otorgar legitimación a la acusación popular de Manos Limpias para acusar a la infanta en el caso Urdangarin «supondría quebrantar la doctrina emanada hasta la fecha por el Tribunal Supremo y una discriminación no justificada».

Horrach ha dicho estar convencido de que tiene razón y ha pedido al tribunal, en defensa de la legalidad vigente, que aplique el artículo 782 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) en sus estrictos términos.

Ha detallado que según la Lecrim, si el ministerio fiscal y el acusador particular piden el sobreseimiento por los motivos que prevén los artículos 637 y 641, «lo acordará el juez». En este caso, se refiere al artículo 641, por inexistencia de indicios racionales de criminalidad.

Según Horrach, «no es posible que la acusación popular supla ni el conocimiento ni la voluntad del perjudicado», que en este caso es la Agencia Tributaria, ya que Manos Limpias acusa a la infanta como cooperadora en los presuntos delitos fiscales de su marido Iñaki Urdangarin.

«Espero que devuelvan la Justicia al lugar que le corresponde porque las apariencias son poses, espejismos y el proceso penal no está para discutir sobre pátinas, fachadas o pelajes», ha pedido Horrach al tribunal.