Juzgan a seis ediles de Badalona por despreciar el Día de la Hispanidad y abrir el Ayuntamiento en 2016

Los seis concejales de la localidad barcelonesa de Badalona, integrantes del equipo de la ex alcaldesa Dolors Sabater con Guanyem Badalona en Comú, han acudido este miércoles al juicio por abrir el Ayuntamiento catalán durante el 12 de octubre de 2016, festivo nacional por ser el Día de la Hispanidad, a pesar de la prohibición judicial.

Los independentistas han llegado a la sede judicial arropados por militantes del separatismo y miembros de la dirección nacional de ERC y de Òmnium Cultural.

La portavoz republicana Marta Vilalta, el líder de la oposición en el Ayuntamiento de Barcelona, Ernest Maragall, o su número dos, Elisenda Alemany, han sido algunos de los políticos que han acompañado a los ediles, que serán juzgados por abrir las puertas del consistorio el 12 de octubre de 2016, pese a que un juez se lo prohibió.

Se trata de los entonces concejales Oriol Lladó (ERC) -que ese día ejercía como alcalde en funciones-, José Téllez (CUP) -que ya fue absuelto en otro juicio por arrebatar propaganda del 1-O que había incautado la policía local, para devolverla a grupos de independentistas- Agnès Rotger (ERC) y Eulàlia Sabater, Fàtima Taleb y Francesc Duran, de Guayem Badalona en Comú.

También se han acercado hasta las puertas de la Ciudad de la Justicia el vicepresidente de Òmnium, Marcel Mauri, la ex alcaldesa Sabater -que no será juzgada porque ese día estaba de viaje oficial-, así como miembros del Ayuntamiento badalonés como Àlex Montornès (ERC) o el edil de JxCat David Torrents.

En el juicio, que se celebra en el juzgado penal 25 de Barcelona, la Fiscalía pide para cada uno de ellos 15 meses de inhabilitación especial para cargo público electivo, autonómico o local, y una multa de 4.200 euros, por un delito de desobediencia grave cometido por autoridad.

Los seis concejales se sientan en el banquillo de los acusados por abrir las puertas del consistorio el 12 de octubre de 2016, como muestra de rechazo a la celebración del Día de la Hispanidad, en pleno auge del proceso independentista de Cataluña y a pesar de que el titular del juzgado contencioso 14 de Barcelona lo había prohibido.

El juez había dado la razón a la Delegación del Gobierno en Cataluña, encabezada entonces por Enric Millo (PP), y prohibió al Ayuntamiento abrir sus locales ante el «perjuicio irreparable» que supondría para el interés general o colectivo.

De acuerdo con el Ministerio Fiscal, los seis concejales actuaron con un «evidente desprecio» hacia la administración de justicia y con «afán de privar de eficacia» la orden judicial que les impedía abrir el consistorio al abrirlo y atender personalmente a los ciudadanos que acudieron «rellenando de su puño y letra, en algunos casos, instancias genéricas», que se registraron al día siguiente.

Tras meses de investigación, el juez acordó en enero de 2017 archivar la causa contra ellos, al concluir que se limitaron a cometer una «escenificación», que no constituye delito porque «el derecho penal no castiga las performances», pero en mayo del mismo año la Audiencia de Barcelona estimó el recurso de la Fiscalía y ordenó reabrir la causa.

La Audiencia sostuvo entonces que los concejales «desatendieron» un mandato judicial que les obligaba a abstenerse de abrir las dependencias municipales a los ciudadanos y empleados.