Junts alarga la negociación para investir a Sánchez y mete presión al PSOE

El pacto final entre Junts y el PSOE para la investidura de Pedro Sánchez se retrasa. El partido de Carles Puigdemont ha decidido darse más tiempo para decidir sobre el acuerdo y no será hasta mañana viernes que formalice el anuncio. Estaba previsto que Puigdemont compareciese a las 12:30 horas de este jueves, pero esa intervención se ha ido alargando por discrepancias en la redacción definitiva de la ley de amnistía.

La razón principal está en las alusiones introducidas por el PSOE a la Constitución como base de la «convivencia», además del alcance de la propia norma que, en principio, borraría delitos de corrupción y terrorismo. No afectaría, en cambio, a Laura Borrás, presidenta de Junts, que está condenada a cuatro años y medio de cárcel y 13 de inhabilitación por trocear contratos públicos.

La cúpula de Puigdemont ha estado reunida en Bruselas durante horas, mientras la Ejecutiva de ERC avalaba en una reunión telemática el acuerdo con el PSOE, que será rubricado por el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños y el líder de la formación republicana, Oriol Junqueras.

Aunque el texto de la norma está prácticamente cerrado, han surgido diferencias de última hora que están complicando el anuncio final por parte de Carles Puigdemont.

Se espera que la ley que ultima el PSOE con los grupos independentistas abarque diez años, desde la preparación del referéndum de 2014 hasta la actualidad, e incluirá a los encausados por los desórdenes del Tsunami Democràtic y los CDR, procesados por terrorismo, entre los beneficiados de la medida.

En cualquier caso, parece que el registro de esta proposición de ley es inminente y se formalizará previsiblemente este viernes, dado que existe principio de acuerdo sobre el grueso del texto y, ahora, los contactos se centran en limar los últimos aspectos técnicos.

La normativa librará de juicio oral a los 12 miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) procesados por un delito de pertenencia a organización terrorista que, según el juez, planearon ocupar el Parlament de Cataluña y que participaron en los cortes de carreteras o levantamientos de barreras de peaje.