Junqueras deberá acatar la Constitución sin las fórmulas ‘fake’ de Batet para ser eurodiputado

• Luz Sela
• Periodista política. En OKDIARIO desde 2016.
• • 01/06/2019 06:44
  • Actualizado: 02/06/2019 02:10

Los golpistas, Oriol Junqueras -en prisión provisional y juzgado por el ‘procés’- y los fugados Carles Puigdemont y Toni Comín-, que fueron elegidos eurodiputados el pasado 26 de mayo, tendrán que acatar la Constitución, esta vez sí, sin fórmulas rocambolescas que valga, para adquirir su condición de parlamentarios y, con ello, todas las prerrogativas asociadas, como el sueldo y la eventual inmunidad.

El trámite debe realizarse ante la Junta Electoral Central, un órgano que ya dio muestras de su contundencia con el independentismo y su propaganda, como cuando prohibió que se exhibiesen lazos amarillos en las instituciones públicas en el periodo electoral.

La Ley Orgánica del Régimen Electoral Central establece que «en el momento de tomar posesión y para adquirir la plena condición de sus cargos, los candidatos electos deben jurar o prometer acatamiento de la Constitución, así como cumplimentar los demás requisitos establecidos en las leyes o reglamentos respectivos». Es decir, los parlamentarios tienen la obligación expresa de acatar la Carta Magna, y mencionarlo así en sus juramentos o promesas, con claridad y sin ambages.

Los dirigentes secesionistas no podrán hacer así ostentación de su desafío al Estado y se verán obligados a respetar los términos de la Ley, sin la condescendencia de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, durante la sesión constitutiva de las Cortes. Entonces, la política socialista admitió que Junqueras acatase su cargo de diputado con una fórmula inédita: «Por el compromiso republicano, como preso político y por imperativo legal, sí prometo», dijo Junqueras, sin alusión alguna a la Constitución, como es procedente.

De acuerdo a la propia doctrina del Tribunal Constitucional, esa fórmula ‘fake’ sería nula de pleno derecho, lo que implica que no podría considerarse que, quien la utilice, haya adquirido la condición de parlamentario. Lo mismo vale para el Congreso como, en este caso, para la Eurocámara.

Choque  con el Supremo

La elección del ex vicepresidente catalán y de los políticos fugados en Bruselas plantea un escenario totalmente inédito para las instituciones comunitarias y, de nuevo, avanza un choque entre el Tribunal Supremo y el Congreso.

En el caso concreto de Puigdemont y de Comín, estos serán detenidos en cuanto pisen suelo español para cumplir con el trámite de acatamiento de la Constitución y pasarán a estar en prisión preventiva, como Junqueras. De acuerdo a los precedentes -como ya hizo en el Congreso- lo previsible es que el Supremo permita que los eurodiputados procedan a realizar el acatamiento ante la Junta Electoral.

A partir de ahí, se abre otro escenario. El alto tribunal tendrá que decidir si permite la asistencia a la sesión constitutiva del Parlamento Europeo, prevista para el 2 de julio, en la que se obtiene la condición plena de diputado. Si lo permite, se plantearía el tema de la suspensión, no previsto en el reglamento del Parlamento Europeo. En ese caso, la cuestión se devolvería al Supremo, y lo previsible es que éste se lo pase al Congreso. Será, por tanto, un proceso largo y burocrático, en el que se prevé un nuevo embrollo, como el vivido la pasada semana. Otro choque entre fuerzas del Estado.

Un proceso de meses

Los independentistas pretenden apelar además a la inmunidad parlamentaria para tratar de forzar un suplicatorio y parar el juicio. La inmunidad va asociada a la condición de eurodiputado, aunque no se aplica para hechos cometidos con anterioridad al cargo. No obstante, fuentes jurídicas sí consideran, y seguramente así lo harán, que las defensas podrían pedir un suplicatorio. Es decir, el proceso por el que el Parlamento Europeo tiene que decidir si autoriza o no que se proceda judicialmente contra uno de sus miembros.

Un proceso que va para largo y que se iniciaría con la solicitud, por parte del Supremo, a la Eurocámara para seguir avanzando en el procedimiento. Por entonces, lo previsible es que el juicio ya esté pendiente de sentencia, que se espera para otoño.

Una vez el Supremo solicite al Parlamento ese suplicatorio, se tendría que reunir la comisión correspondiente y evaluar el asunto con los servicios jurídicos de la Cámara. Después, se votaría en Pleno. Si se aprueba, Junqueras perdería la inmunidad. Un proceso de meses.

Si bien el desenlace del proceso parece claro, no hay duda de que los independentistas pretenden, con ello, tener un altavoz en Europa. Y así será. Las reglas del suplicatorio, dentro del Reglamento del Parlamento Europeo, dicen lo siguiente: «El diputado interesado tendrá una oportunidad de ser oído y podrá aportar cuantos documentos o elementos de prueba escritos estime oportunos». Es decir, los independentistas podrán plantear ese momento como un auténtico ‘juicio paralelo’, ya en las instituciones comunitarias, y con vistas a recurrir la futura sentencia en la Justicia europea.

El eurodiputado Enrique Calvet remitió estos días una carta al presidente de la Junta Electoral, Segundo Menéndez, en la que le pide que «comprueben fidedignamente que la fórmula utilizada cumpla con la letra y espíritu del artículo 224.2 de la LOREG».

«A mi parecer las dudas fundadas de que se haya incumplido de facto el requerimiento de acatamiento merecen un cuidado extremo, tanto por las consecuencias jurídicas como políticas. No es solo una cuestión de formalismo, esta cuestión trasluce un aspecto esencial de fondo que me propongo exponer muy someramente», opina Calvet.