El juicio por rebelión contra Trapero comenzará el 20 de enero de 2020

La Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional juzgará al mayor de los Mossos d’Esquadra Josep Lluís Trapero, los ex jefes políticos de la policía autonómica catalana Pere Soler y César Puig y la intendente Teresa Laplana a partir del 20 de enero de 2020.

La Fiscalía pide 11 años de prisión para Trapero, Puig y Soler por un delito de rebelión, mientras que para Laplana solicita cuatro años de cárcel por sedición.

En este juicio, que se prolongará hasta el 19 de marzo, se sentarán también en el banquillo por estos hechos el ex director de los Mossos, Pere Soler; el ex secretario general de Interior, César Puig, -segundo del ex conseller Joaquim Forn, que está siendo juzgado en el Supremo-; y la intendente de la policía autonómica Teresa Laplana, en su caso por un delito de sedición.

El tribunal que juzgará a los ex jefes de los Mossos estará compuesto por Concepción Espejel, presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, y los magistrados Francisco Javier Vieira y Ramón Sáez Valcárcel.

Según la diligencia de ordenación emitida este martes por el tribunal, los magistrados prevén que el juicio se desarrolle a lo largo de unas 25 sesiones y se celebrará en la sede que la Audiencia Nacional tiene en el municipio madrileño de San Fernando de Henares.

Así, la vista oral comenzará el 20 de enero con las cuestiones previas, tras lo cual tendrá lugar el interrogatorio de los cuatro acusados, lo que se prolongará hasta el día 23. Las siguientes sesiones tendrán lugar en febrero y marzo con las comparecencias de los testigos y peritos y la prueba documental, para finalizar con los informes finales de las partes.

Este calendario señala que el juicio contra los ex jefes de los Mossos d’Esquadra comenzará una vez se conozca la sentencia del Tribunal Supremo contra Oriol Junqueras y el resto de golpistas catalanes responsables del proceso independentista catalán.

«Inaccion y dejación de funciones»

La Fiscalía de la Audiencia Nacional considera a Trapero un subalterno de los promotores de delitos de rebelión y sostiene en su escrito de acusación que cooperó de forma «decisiva, consciente e intencionada» con los líderes políticos independentistas tanto en los sucesos del 20 y 21 de septiembre de 2017 frente a la Consejería de Economía de la Generalitat como durante el referéndum ilegal del 1 de octubre.

«Su capacidad investigadora e intimidatoria al servicio de la organización y de los fines independentistas era imprescindible para proteger las acciones dirigidas a la celebración del referéndum, dedicándose a funciones impropias de un cuerpo policial como la realización de seguimientos a otros cuerpos policiales, entorpecer su labor y en algunos casos, incluso oponerse físicamente», detalla el Ministerio Público sobre Trapero.

De hecho, el fiscal afirma que Trapero obró aquel 1 de octubre con «inequívoco propósito de dificultar la labor de la Policía Nacional y la Guardia Civil», ya que, junto a Puig y Soler, «alertaban de la actuación de otros cuerpos policiales y facilitaron información a los impulsores del proceso para garantizar el buen fin del mismo, al tiempo que daban a estos cobertura y protección».

En cuanto a los sucesos de septiembre, la Fiscalía sostiene que Trapero, Puig y Soler «cooperaron de forma decisiva, consciente e intencionada con los fines perseguidos por las instituciones catalanas» y con ANC y Òmnium, «impidiendo el desarrollo de la diligencia judicial» y «propiciando con su deliberada pasividad la concentración durante horas de una gran masa de personas en actitud obstaculizadora y hostil frente a la sede» que estaba registrando una comisión judicial.

Trapero acata el juicio por rebelión

La defensa del exjefe de los Mossos d’Esquadra Josep Lluís Trapero decidió en febrero no discutir la competencia de la Audiencia Nacional para juzgarle por el delito de rebelión.

La estrategia de defensa de Josep Lluís Trapero se alejó así del resto de acusados en las causas abiertas tras el proceso independentista en Cataluña, ya que tanto los procesados por el Tribunal Supremo como los ex jefes políticos de la policía autonómica que también irán a juicio en la Audiencia Nacional han cuestionado la competencia de estos dos tribunales.

El Supremo ya celebró el pasado mes de diciembre su propia vista del artículo de previo pronunciamiento, donde las defensas de todos los acusados defendieron trasladar el procedimiento al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). La Sala que preside el magistrado Manuel Marchena ya descartó esta posibilidad, aunque sí envió allí la causa contra los acusados por desobediencia.