A juicio un proetarra por «humillar sistemáticamente» a un guardia civil asesinado por ETA

Un año de cárcel y una multa de 3.000 euros por daños morales a la familia de un Guardia Civil. Eso es a lo que se enfrenta un hombre acusado de «sistemáticos actos de humillación» a la memoria del guardia civil Juan Manuel Piñuel, asesinado por ETA en 2008 en Legutiano (Álava). El juicio se celebrará este miércoles en la Audiencia Nacional.

La Fiscalía relata en su escrito de conclusiones provisionales que desde que se produjo el atentado en el que fue asesinado Piñuel, por la explosión de una furgoneta cargada con 200 kilos de amonal colocada frente al cuartel de Legutiano, familiares y amigos de este agente depositan de forma frecuente recuerdos y elementos de homenaje en una valla metálica del recinto. Sus allegados han estado dejando en ese lugar fotografías, flores, pebeteros, poemas o velas. Piñuel murió a los 41 años, estaba casado y tenía un hijo menor de edad.

A.R.R, el acusado, comenzó en febrero de 2017  a retirar sistemáticamente todos los elementos dejados por sus familiares en el lugar de los hechos, destrozando los homenajes hasta en diecisiete ocasiones. Lo hizo hasta septiembre de 2018.

Además, según el fiscal, realizó pintadas contra la Guardia Civil y colocó pancartas en las que enaltecía a la organización terrorista ETA con lemas como «Jo ETA Ke» (seguir sin descanso) o «Alde Hemendik», (fuera de aquí). Lemas propios «de la campaña de hostigamiento a las Fuerzas del Orden en el País Vasco», tal y como recoge el escrito.

«Todo ello con menosprecio y causando profundo dolor en quienes, además de sufrir la pérdida, han tenido que soportar estos actos de iniquidad que ni siquiera les permiten honrar en paz a sus deudos, viendo cómo ni siquiera eran respetados los símbolos de homenaje y recuerdo, aumentando de forma cruel, por el acusado, aún más, si cabe, el padecimiento sufrido».

Además de la pena de prisión y el pago de una indemnización de 3.000 euros a la familia por los daños morales, el fiscal solicita también una pena de inhabilitación especial de 7 años para profesión u oficio educativos.