El fiscal del juicio por el 9N: «No se está juzgando la voluntad popular»

El fiscal ha asegurado en el tramo final del juicio del 9N que «no se está juzgando la voluntad popular» en la causa contra el ex presidente de la Generalitat Artur Mas y las ex conselleras Joana Ortega e Irene Rigau por la consulta soberanista.

«Por mucho que se repita una y otra vez, no es la verdad», ha asegurado el fiscal Emilio Sánchez Ulled este viernes en la lectura de su informe, en la última sesión del juicio que acoge el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC).

Sánchez Ulled ha insistido en que el objeto del juicio es averiguar si el Govern desobedeció y continuó con su actividad administrativa para el 9N pese a la suspensión por parte del Tribunal Constitucional (TC) de la consulta.

Ha explicado que el día 9 de noviembre de 2014 él mismo era el fiscal de guardia y que se presentaron varias denuncias en juzgados catalanes por parte de personas individuales, partidos y organizaciones, y que si decidieron no actuar fue porque en ese momento no tenían suficientes elementos para decidir «porque la apariencia era de ciudadanos voluntarios que hacían la consulta».

No obstante, ha resaltado «debajo de esa actuación de voluntarios había una actuación continuada de los poderes públicos que es lo que el TC suspendió y que constituyó el no acatamiento de la orden del TC».

«Hubo un clima de opacidad que me sorprende porque es absolutamente contrario a lo que en democracia es el principio básico de los poderes públicos que es la transparencia», ha argumentado.

El fiscal ha considerado «con dolor y con tristeza» que lo que ha pasado con el 9N ha sido expresión de una ruptura de las reglas de juego democrático y una ruptura de la convivencia, en sus palabras.

Ha dicho que en este caso no son una «institución de negro contra personas de autoridad democrática».

Sobre por qué ese día no se adoptó la medida cautelar de suspender o impedir la votación, tal como solicitaron los que presentaron denuncia, ha explicado que no había suficientes elementos que probaran que detrás había una actuación pública para tomar «medidas tan graves».

«Las medidas cautelares necesitan de proporcionalidad, no se podía adoptar esa decisión en ese momento», ya que había falta investigar con pausa, calma, rigor y profesionalidad, algo que en una guardia de 24 horas era imposible.