Homs rechaza contestar sobre la carta que puede incriminarle en el juicio por el 9N

El diputado del PDeCAT en el Congreso y que era conseller de Presidencia de la Generalitat en la consulta del 9N, Francesc Homs, ha explicado este miércoles en el juicio 9N que el Govern decidió mantener la consulta soberanista, convencido de no incurrir en ilegalidad, tras ser suspendida por el Tribunal Constitucional del 4 de noviembre.

Homs ha declarado este miércoles como testigo en el juicio del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), y acompañado de su abogada porque se le investiga por su responsabilidad en la consulta del 9 de noviembre de 2014, aunque en su caso lo hace el Tribunal Supremo (TS) por ser aforado ya que es diputado del PDeCAT en el Congreso.

Esta condición especial ha hecho que el ponente del tribunal, Jesús María Barrientos, le haya advertido antes de declarar que debe decir la verdad como todo testigo, pero en su caso no está obligado a contestar preguntas «que puedan comprometerle o incriminarle».

Homs, máximo responsable de los Servicios Jurídicos de la Generalitat en el 9N, se ha negado por consejo de su abogada a responder las preguntas del abogado del expresidente de la Generalitat Artur Mas y de la exvicepresidenta Joana Ortega –él era un testigo pedido por las defensas– que tenían alguna relación con esta carta que supuestamente le implica.

Se trata de una carta de Homs respondiendo al presidente del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat (CTTI), al que consultaba qué hacer después de que la empresa T-Systems –a quien se habían contratado labores informáticas para el 9N– le preguntase si la suspensión del TC afectaba a los trabajos que estaban haciendo y si debía pararlos.

Según la Fiscalía, Homs «legitimó e impulsó» los trabajos señalando que no estaban afectados por el veto del TC, y además puso a disposición del CTTI los servicios jurídicos de su departamento por si debían emprender acciones legales si T-Systems se negaba a continuar los trabajos.

La condición especial del ahora diputado al estar investigado por el TS ha hecho que el fiscal Emilio Sánchez Ulled haya dicho que no le iba a hacer ninguna pregunta por respeto a su situación procesal especial, ante lo que Homs ha contestado: «!Qué lástima!».

Mantuvieron la consulta porque «al no verla ilegal»

Al comparecer en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) como testigo en el juicio al ex presidente Artur Mas y las ex conselleras Joana Ortega e Irene Rigau, Homs ha recordado que el Consell Executiu de la Generalitat del 4 de noviembre abordó la suspensión y después él informó públicamente en nombre del Govern de que mantenían la consulta: «Lo digo por las afirmaciones de que actuamos con falta de transparencia».

Esta ha sido una alusión velada a la postura de la Fiscalía, que considera que el Govern incumplió la providencia del TC simulando que lo dejaba en manos de los voluntarios cuando en realidad seguían ellos organizando la consulta.

Homs ha dicho que él era máximo responsable del Gabinete Jurídico de la Generalitat y quien configuraba la decisión final de los servicios jurídicos: tras tener conocimiento de la providencia del TC que suspendía la consulta, informó al Govern de que no estaban cometiendo «ninguna irregularidad, ilegalidad, y ninguna acción tipificada de manera penal».

«Di fe de que no solo estábamos haciendo lo que legalmente teníamos la posibilidad de hacer y la obligación de hacer; di cuenta en el Govern de que, además de no incumplir ninguna ley, no estábamos en la posibilidad de incurrir en un tipo penal», ha argumentado.

Así, ha afirmado que fue él quien tomó la decisión de que los servicios jurídicos interpusieran un recurso de súplica ante el TC, pidiendo una aclaración de la providencia sobre cómo debían actuar.

Ha criticado que el Gobierno central presentara el 31 de octubre una impugnación de disposiciones autonómicas y, subsidiariamente, un conflicto positivo de competencia contra los actos preparativos de la consulta, porque obligaba al TC a adoptar una medida cautelar.

Por eso, la Generalitat también interpuso una demanda ante el Tribunal Supremo para defender el ejercicio de derechos fundamentales, libertad de expresión, participación política y libertad ideológica contra el Gobierno central «por utilizar un vehículo procesal singular que generaba al TC la obligación de atender a una medida cautelar».