La juez que investiga el máster de Casado solicita al Congreso que certifique su aforamiento

El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, ha anunciado este lunes su candidatura a presidir el partido en el congreso extraordinario previsto para los días 20 y 21 de julio. Apenas tres horas más tarde, ‘Al rojo vivo’ ha informado en exclusiva de que la juez titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, ha solicitado a la Mesa del Congreso de los Diputados la certificación del aforamiento de Casado, diputado por Ávila.

Esta novedad, que afecta frontalmente a sus aspiraciones políticas más inmediatas, se enmarca en la investigación de los estudios de Casado en el Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos -bajo la dirección del catedrático Enrique Álvarez Conde-, pesquisas que se iniciaron a raíz de las irregularidades descubiertas en el máster obtenido por la expresidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes en esta misma institución.

Rodríguez-Medel pidió el expediente académico íntegro de Casado, así como la documentación referente a las convalidaciones o las matrículas abonadas. Ahora, tiene intención de elevar la causa al Tribunal Supremo, primera instancia que puede instruir y juzgarle.

«Yo sí quiero presidir el PP y no creo que haya que esperar al futuro sino salir a conquistarlo», ha dicho Casado rodeado de micrófonos y cámaras ante la sede nacional del PP, en Génova 13. En un mensaje velado a Alberto Núñez Feijóo, que ultima su candidatura pero aún no ha desvelado sus planes, ha avisado: «No podemos seguir arrastrando los pies durante toda una semana para pensar quién quiere liderar un partido que es uno de los pilares fundamentales del sistema democrático español».

Sus explicaciones

En abril, Casado compareció ante los medios tras difundirse las primeras informaciones con sus trabajos sobre el máster de 60 créditos en Derecho Autonómico y Local y los documentos sobre las convalidaciones que solicitó -un total de 40 créditos- para demostrar que hizo «lo correcto» y no recibió «ningún trato de favor».

Casado explicó entonces que tras matricularse en octubre de 2008 en el máster, solicitó la convalidación de las asignaturas (ya era licenciado en Derecho por la Universidad Complutense) y admitió que no tiene certificado de notas oficial porque «nunca» lo solicitó.

Después mostró cuatro trabajos, entre los que ha destacado el trabajo de fin de itinerario (12 créditos) de 55 páginas titulado ‘Las competencias de las comunidades autónomas en materia de administración de justicia’.

Además, realizó otros tres trabajos más breves que tenían dos o cuatro créditos en tres asignaturas y que llevan por título: ‘El concepto constitucional de autonomía local en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional’; ‘El reparto de competencias en la Constitución de 1978 y su futuro’; y ‘Los principios inspiradores del modelo autonómico y las principales sentencias del Tribunal Constitucional’.

El ex rector, imputado

La juez además ha citado el próximo 1 de agosto a declarar como investigado al ex rector de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC) entre 2013 y 2017 Fernando Suárez Bilbao en el marco de la causa en la que investiga presuntas irregularidades en el máster en Derecho Autonómico que dirigió el catedrático Enrique Álvarez, cursado por Pablo Casado y Cristina Cifuentes.

Así consta en un auto, al que tuvo acceso Europa Press, en el que también cita a declarar el 1 de agosto a Enrique Álvarez Conde y a la profesora Alicia López de Los Mozos. A ambos se les investiga también dentro de la causa general que se inició con una denuncia de una catedrática de la Universidad de Salamanca, cuya firma falsificada aparecía en el acta de convalidación de notas.

La imputación de Suárez tiene lugar dado que el máster tuvo lugar durante su gestión al frente de la universidad pública madrileña.
No es la primera vez que la Justicia le investiga.

El exrector de la URJC fue investigado por un delito contra la propiedad intelectual a raíz de una demanda que presentó en mayo de 2017 el penalista de la Rey Juan Carlos Antonio Cuerda. Se le acusaba de copiar a otros autores en obras suyas. Cinco de los autores plagiados exigieron su dimisión, cosa que no hizo aunque adelantó las elecciones.