El juez De la Mata cita a declarar a Camps el 30 de enero por el contrato a Orange Market

Francisco Camps está imputado en la Audiencia Nacional en esta pieza número 5 del ‘caso Gürtel’ desde el pasado 17 de diciembre por los presuntos delitos de prevaricación administrativa y fraude a la administración, «sin perjuicio de que pudiera resultar su participación criminal en la adjudicación y/o pago de otras contrataciones irregulares que no hubieran prescrito».

El expresidente autonómico será uno de los últimos en declarar ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 en esta nueva ronda de comparecencias por los contratos con Orange Market. Así, el 28 de enero pasarán ante el magistrado cinco testigos: el ex secretario general del PP valenciano Ricardo Costa; la exvicepresidenta de la Generalitat Paula Sánchez de León; la exjefa de prensa de Campos, Nuria Romeral; Juan Sanz, diseñador del stand de Fitur; y la exresponsable de ventas de Ciudad de las Artes y las Ciencias Alicia Verdú.

Al día siguiente deberán declarar ante el juez Concepción Godoy, directiva directiva de la fundación La Luz de las Imágenes, y Vanessa Borrás, responsable del departamento de ventas de la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Las dos acudirán en calidad de testigos,de acuerdo a las mismas fuentes consultadas por Europa Press.

El mismo 29 de enero también será el turno de los primeros investigados: la ex directora general de Promoción Institucional de la Generalitat Dora Ibars; el que fuera responsable de Orange Market Álvaro Pérez, ‘el Bigotes’; y el líder de la trama Gürtel, Francisco Correa.

Ya el día 30, el juez ha citado primero a los también investigados Pablo Crespo, ‘número dos’ de la trama corrupta, y Cándido Herrero, exgerente de Orange Market, y después de ellos el magistrado interrogará al expresidente valenciano.

Cuatro causas abiertas

La pieza de los contratos Orange Market es la quinta investigación que se abre contra Camps en relación con la trama Gürtel. En la primera, la llamada causa de los trajes, fue absuelto por un jurado popular, si bien después se han ido incoando otras diligencias que aún están en fase de instrucción: dos juzgados valencianos le investigan por la celebración de la Fórmula 1 (uno por los contratos y otro por la construcción del circuito); en otro está imputado por la fundación que organizó la visita del Papa en 2006; y ahora esta pieza 5 de la Gürtel en la Audiencia Nacional.

De la Mata acordó imputar a Camps tras la reapertura de la investigación por orden de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional a raíz de las revelaciones que hicieron Ricardo Costa, Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez en el juicio por la financiación ilegal de las campañas electorales del PP en la Comunidad Valenciana que se celebró a principios de año.

Concretamente, Costa reveló que el PP valenciano se financió con dinero negro y que era Camps el que ordenaba adjudicar los contratos públicos a las empresas de la Gürtel.

Una vez conocidas estas declaraciones, la Fiscalía Anticorrupción pidió al juez reabrir la investigación de esta causa para Camps con el objetivo de saber si el entonces presidente valenciano «participó de modo decisorio» en la adjudicación a Orange Market, «presuntamente irregular».

«Y, como derivada anterior, si Camps conocía y participaba de modo decisorio en el sistema irregular de pagos del PP de la Comunidad Valenciana a Orange Market, que supuestamente se llevaba a cabo, entre otras formas, mediante la adjudicación irregular de contratos como el indicado», explicaba el Ministerio Público.

Elementos de «suficiente consistencia»

Conocidos estos argumentos, el instructor considera que «lo cierto es que han sido puestos de manifiesto elementos que relacionan a Camps con los hechos con la suficiente consistencia como para, en este momento, dirigir contra él el procedimiento en calidad de persona investigada».

En su opinión, resulta razonable y pertinente dirigir la investigación contra Camps a fin de determinar si está incluido entre las «primeras autoridades» que «pudieron participar de modo decisorio en la adjudicación aparentemente irregular del stand de grandes eventos de Fitur 2009 y si esta adjudicación pudo ser una forma de retribuir a esa sociedad por trabajos realizados realmente para el PP en la Comunidad Valenciana que estaban pendientes de cobro».