El juez interroga este miércoles a los responsables del PP valenciano en el juicio del ‘caso Gürtel’

El juez del Juzgado Central de lo Penal de la Audiencia Nacional José María Vázquez Honrubia comienza mañana a juzgar a los responsables del PP de la Comunidad Valenciana acusados de haber financiado ilegalmente a la formación política regional durante las campañas de las elecciones municipales y autonómicas de 2007 y las generales de 2008 contratadas con la empresa vinculada a la trama Gürtel Orange Market.

El juicio se reanuda este martes con la declaración del contable de la sociedad dirigida por Álvaro Pérez ‘El Bigotes’, Cándido Herrero, quién se enfrenta a 17 años de prisión por tres delitos electorales, falsedad en documento mercantil y delitos contra la Hacienda Pública. Después será el turno del exvicepresidente de la Comunidad Valenciana Vicente Rambla, que dará paso al exsecretario general de la formación política regional Ricardo Costa.

La declaración de Costa es la que mayor expectación tiene en este juicio después de que el líder de la trama Gürtel, Francisco Correa, y su ‘número dos’, Pablo Crespo –para los que Fiscalía pide 22 años de prisión–, apuntasen que él era la persona que les indicó que tenían que facturar a «determinados empresarios» si «querían cobrar» los actos y eventos que Orange Market había organizado para el PP, que por entonces estaba dirigido por Francisco Camps.

Fue ‘El Bigotes’ –para quién solicita 27 años de cárcel– el que ofreció más detalles y dirigió su acusación hacia un escalón más alto. Aseguró ante el juez Vázquez Honrubia que la persona que instauró ese sistema de financiación fue el expresidente valenciano: «Cuando yo le digo a Ricardo Costa que es una barbaridad hacer esto, ante la presión que ejerzo, Ricardo llamó a la persona que consultaba siempre todo y le dijo que había problemas importantes y esa persona que le dice eso es Francisco Camps», precisó.

El ‘cabecilla’ de la red corrupta y el responsable de Orange Market concretaron que los pagos de los servicios se hicieron con facturas correctas, facturas ficticias que se giraron a empresarios y pagos en ‘b’.

Los empresarios reconocieron la financiación ilegal

Además, nueve empresarios sentados en el banquillo de los acusados reconocieron, en primer lugar, ante la Fiscalía Anticorrupción y, posteriormente, en el juicio que sufragaron los actos con dinero negro. Gracias a esta confesión, los industriales han alcanzado un pacto con el Ministerio Fiscal y la penas de cárcel serán sustituidas por multas.

Previsiblemente tanto Rambla como Costa, así como sus compañeros de partido acusados en este juicio, la exgerente del PP de la Comunidad Valenciana, Cristina Ibáñez; el exvicesecretario de Organización, David Serra; y la extesorera del PP de la Comunidad Valenciana Yolanda García Santos, serán preguntados por estas revelaciones.

Según señala el escrito de acusación de Anticorrupción, el PP pagó a Orange Market un total de 3,4 millones de euros en actos electorales y otro eventos entre 2007 y 2008. En relación con las campañas, indica que la formación política abonó 2,03 millones de euros, de los cuáles 1,2 millones se hicieron cargo los empresarios.

Costa, Ibáñez y Serra están acusados de haber cometido tres delitos electorales –uno por cada campaña celebrada– y falsedad documental, por lo que el Ministerio Público pide la condena de siete años y nueve meses de prisión para cada uno de ellos. En cuanto a Rambla, hasta el inicio del juicio, se le responsabilizaba de lo mismo que a sus colegas, pero finalmente la Fiscalía suprimió de su acusación un delito electoral y sólo solicita para él seis años y medio de cárcel.

Para la extesorera del PP de la Comunidad Valenciana únicamente se pide seis meses de prisión por un delito electoral correspondiente a las elecciones generales de 2008.

Camps declarará como testigo

También será objeto de preguntas relacionadas con la presunta caja ‘b’ de la formación política regional el propio Camps, que tendrá que acudir más adelante a la Audiencia Nacional para declarar como testigo, a petición de alguna de las defensas. Al comparecer en esta condición tiene la obligación de decir la verdad.

El expresidente de la Comunidad Valenciana tiene prescritos los delitos electorales. Fuentes jurídicas han explicado que alguna de las partes personadas en esta causa, incluso el juez sin la necesidad de que alguien se lo pida, puede exigir la deducción de testimonio para que se investigue si Camps cometió algún delito relacionado con la financiación irregular del partido que lideraba.

Sin embargo, apuntan que no es tan sencillo porque habría que analizar cuándo cometió las presuntas actividades delictivas, si éstas no han prescrito –como el caso de los delitos electorales– y si habría que hacer una pieza separada para investigarle o sumarla a alguna de la trama Gürtel que sigue sin juzgarse.

Ausencias en la vista oral

La vista oral está señalada hasta este viernes y está previsto que sea el asesor de Correa, José Ramón Blanco Balín, el que concluya el interrogatorio a los acusados. La fiscalía solicita 15 años de prisión por seis delitos fiscales para el considerado ‘cerebro’ financiero de la Gürtel.

Ni los líderes de la red corrupta, ni los empresarios que reconocieron los hechos, tienen por qué acudir al juicio, ya que el juez Vázquez Honrubia les ha autorizado a ausentarse tras tomarles declaración.

De este modo, el magistrado aceptó la petición de sus abogados de que fuesen dispensados de asistir a la vista oral. En el caso de Correa, Crespo y ‘El Bigotes’ se trata de evitar los traslados de la prisión en la que se encuentran cumpliendo la condena por amañar los contratos del montaje del expositor institucional de la región en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) entre 2005 y 2009.