El juez declara “causa compleja” el ‘caso Villarejo’ para acelerar la investigación

La Audiencia Nacional declara el caso del comisario Villarejo «causa compleja de corrupción» para agilizar la investigación.

Según las fuentes consultadas por OKDIARIO, el magistrado de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción nº 6 aplicará el protocolo de la “Guía práctica de actuación en la tramitación de causas complejas por corrupción” publicada en julio de 2017 por el Consejo General del Poder Judicial CGPJ para investigar la denominada «Operación Tándem». El objetivo es «facilitar la tramitación del procedimiento y dar una ágil y pronta respuesta al mismo, facilitando la adopción de decisiones y proporcionando una mayor seguridad jurídica».

Este protocolo de actuación fue creado por la Unidad de Apoyo para Causas por Corrupción UACC, que se constituyó en marzo de 2015, como una unidad de carácter técnico al servicio de los jueces y magistrados, integrada en la Secretaría General del CGPJ. Su función principal consiste en agilizar la adopción de las medidas necesarias para el reforzamiento de los Juzgados en los que se tramiten causas por corrupción.

Dicho protocolo recoge pautas de actuación en la investigación de los tipos delictivos incluidos en el ámbito competencial de la UACC. Entre ellos, los delitos societarios, blanqueo de capitales, delitos contra la Hacienda Pública, delitos de prevaricación, infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, fraudes y exacciones ilegales, negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos o delitos de corrupción en las transacciones internacionales.

De esta forma, en la fase de instrucción, se protocolizarán cuestiones como la conexidad de delitos, las piezas separadas de investigación, el secreto de las actuaciones, los volcados informáticos, las inhibiciones y los aforamientos; mientras que en el referido al juicio oral se tratan asuntos como la preparación de la vista o los motivos de suspensión.

El protocolo también contempla las relaciones del juez instructor con otros operadores jurídicos en las causas por corrupción, como la Fiscalía, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, la Agencia Tributaria, la Intervención General de la Administración del Estado y otros organismos públicos de control o la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos.

Mientras tanto, la investigación del caso sigue su curso y la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado recientemente al juez instructor la reapertura de dos piezas separadas del caso, bautizadas como «Iron» y «Land», que fueron archivadas para siete supuestos clientes del comisario Villarejo.

Según las fuentes consultadas, el magistrado habría derivado a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional la decisión de reabrir dichas piezas de la ‘Operación Tándem’.

La Guía del CGPJ

La «Guía práctica de actuación en la tramitación de causas complejas por corrupción” recoge las medidas de apoyo a los órganos judiciales encargados de la lucha contra la corrupción que el CGPJ puede adoptar en el ámbito de sus competencias: «de refuerzo judicial, dirigidas a garantizar la independencia de jueces y magistrados, tendentes a recabar la colaboración de las Administraciones Públicas, de apoyo del Servicio de Relaciones Internacionales y de formación».

De este modo, el texto incluye el modelo de solicitud de medidas de refuerzo judicial, refiere las actuaciones que puede desarrollar la UACC ante las Administraciones y enumera las medidas de apoyo que se pueden solicitar al Servicio de Relaciones Internacionales, como la asistencia para cursar comisiones rogatorias o en relación con instrumentos de reconocimiento mutuo o la gestión de los desplazamientos del juez español durante la ejecución de la petición de cooperación internacional.

El texto también recoge los instrumentos internacionales sobre esta materia en los ámbitos de Naciones Unidas, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y europeo, con información sobre los instrumentos de asistencia convencional y de reconocimiento mutuo y referencias a las órdenes europea de detención y entrega y de investigación, las medidas alternativas a la prisión provisional y el embargo preventivo y aseguramiento de prueba.