El juez amplía 6 meses la investigación sobre García Ortiz por las trabas que ha puesto el fiscal general

El Tribunal Supremo ha decidido ampliar por seis meses más la investigación judicial contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. En un auto de este miércoles, el juez revela graves complicaciones en la instrucción del caso. La decisión, firmada por el magistrado Ángel Hurtado, se produce tras una solicitud de prórroga presentada por varias partes personadas en la causa.

Según consta en el documento judicial consultado por OKDIARIO, la investigación se ha encontrado con serios impedimentos para el esclarecimiento de los hechos. El punto más crítico ha sido el comportamiento del fiscal general durante un registro practicado el 30 de octubre de 2024 en su despacho. A pesar de que inicialmente se destacó su «total colaboración», las investigaciones posteriores han revelado una estrategia deliberada de ocultamiento de información.

El auto detalla que García Ortiz habría hecho desaparecer información de sus dispositivos electrónicos, obligando a los investigadores a emprender una compleja investigación tecnológica para recuperar los datos. Esta circunstancia ha complicado significativamente el avance de la instrucción.

Un elemento clave en la decisión de prórroga es la pendiente respuesta de una comisión rogatoria remitida a Irlanda. Los investigadores esperan obtener información crucial de este país, cuya respuesta no se prevé antes del 24 de marzo de 2025. Más aún, el propio auto advierte que los resultados de esta diligencia internacional podrían requerir la práctica de nuevas diligencias de investigación.

La prórroga cuenta con el respaldo de varios actores procesales. La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) solicitó expresamente una ampliación de seis meses a partir del 1 de abril de 2025. Igualmente, la Fundación Foro Libertad y Alternativa y el sindicato Manos Limpias se adhirieron a la petición de prórroga.

El magistrado instructor realiza un pormenorizado análisis jurídico sobre el cómputo de los plazos de investigación. Según la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la investigación judicial tiene un plazo máximo inicial de doce meses. Sin embargo, la norma contempla la posibilidad de prórrogas sucesivas cuando no sea previsible finalizar la investigación en ese periodo.

En este caso, el Tribunal Supremo interpreta que el plazo inicial para concluir la investigación se extendería hasta el 29 de octubre de 2025, sin necesidad de prórroga. No obstante, ante la complejidad de las diligencias y los obstáculos encontrados, se ha optado por acordar una prórroga de seis meses adicionales.

Como publicó este periódico, García Ortiz usaba dos móviles a la vez. Uno lo entregó el día del registro de su despacho por parte de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Sin embargo, se trataba de un dispositivo cuyos mensajes fueron borrados dos veces. El otro teléfono que consiguió del Estado no lo ha devuelto y no aparece.

Con esta prórroga, el Tribunal Supremo da un margen adicional a los investigadores para continuar esclareciendo los hechos. La fecha clave será el 24 de septiembre de 2025, cuando finalice esta nueva fase de investigación. Será clave la información que pueda aportar la comisión rogatoria remitida a Irlanda en concreto a las empresas Google (propietaria de los correos de Gmail) y Meta (propietaria de WhatsApp y Facebook).