La juez admite a trámite la querella del PP por el ‘caso BiciMad’ y abre diligencias por malversación

El Juzgado de Instrucción número 52 de Madrid ha admitido a trámite la querella presentada por el Grupo Municipal Popular contra la concejal de Manuela Carmena de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Sabanés, y el gerente de la Empresa Municipal de Transportes (EMT), Álvaro Fernández Heredia, por la compra de BiciMad supuestamente irregular.

Tal como consta en un auto al que ha tenido acceso OKDIARIO, «reuniendo la querella los requisitos (…) se procede su admisión a trámite». «Los hechos que resultan de las anteriores actuaciones presentan características que hacen presumir la posible existencia de delito/s de Malversación», señala tajante.

«Es procedente instruir Diligencias Previas y practicar aquellas que esenciales encaminadas a efectuar tal determinación», añade la juez. Fuentes consultadas por este periódico señalan que de momento Sabanés y Heredia no están imputados o investigados, de momento se solicita información al Ayuntamiento.

El Grupo Municipal del PP en Madrid, que lidera José Luis Martínez-Almeida, interpuso la querella el 22 de enero contra Sabanés y Heredia, por la presunta comisión de los delitos de prevaricación y malversación en la compra del servicio de Bicimad.

Afirmaron tener «fundadas sospechas» sobre las «presuntas irregularidades». Consideran que se ha cometido malversación de caudales públicos porque el precio abonado de 10,5 millones de euros a Bonopark, empresa que tenía el servicio, es «lesivo» para las arcas municipales. «Se pagó un precio muy superior al real, generando un gasto inoportuno, inapropiado y excesivo», lamentó Almeida en rueda de prensa.

También se recogía en la querella el presunto delito de prevaricación, ya que para el PP hubo decisiones «arbitrarias» e «injustas» en la adquisición del servicio. En este sentido, lamentan que la compra por 10,5 millones de euros de Bicimad se justificó con un informe «sin fechar y sin firmar» y que carecía de encabezado. «En ningún momento los servicios municipales tanto del Ayuntamiento como de la EMT contrastan la valoración de los 10,5 millones de euros», ha puesto de manifiesto.

El PP aseguró que «la normativa exige que para poder aprobar la compra del servicio de Bicimad es necesario un informe previo y preceptivo de la Dirección General de Economía y Sector Público» y que éste «no figura en ninguno de los dos expedientes tramitados por la EMT y el propio Ayuntamiento»

Todas estas premisas hacen pensar a los populares que los querellados habrían actuado «de manera negligente» y «abusiva» por no haber «cotejado y avalado la información económica» de la empresa propietaria de Bicimad (Bonopark).