La izquierda no logra que el juez impute a la jefa de compras de Almeida tras interrogarla 4 horas

Los intentos de la izquierda política por criminalizar al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, en el caso de las mascarillas han saltado por los aires en la declaración de Elena Collado, jefa de compras del Ayuntamiento, que ha declarado este viernes como testigo en el procedimiento que investiga la presunta estafa en los contratos de material sanitario.

El PSOE, Podemos y el Grupo Mixto –personados en la causa como acusación popular- han interrogado a la testigo durante más de cuatro horas. Han formulado «doscientas veces las mismas preguntas», según explican fuentes presentes en el interrogatorio a OKDIARIO, con un único propósito: que el juez la imputase. Sin embargo, de nada han servido las pretensiones de las formaciones políticas, puesto que Collado ha entrado en sede judicial como testigo y ha salido con la misma condición.

«Es indignante y vergonzoso», explican a este periódico las mismas fuentes. El objetivo de la izquierda no ha sido esclarecer la presunta estafa que se investiga en este procedimiento, sino «hacer oposición política en los juzgados». Las fuentes consultadas aseguran que los abogados de PSOE, Podemos y Grupo Mixto no han formulado ni una sola pregunta en relación a los investigados, los empresarios Luis Medina y Alberto Luceño, por el cobro de comisiones en la venta de mascarillas, test, gel hidroalcohólico y guantes durante la pandemia al Consistorio.

Por ello, apuntan que las acusaciones están utilizando una causa judicial para «debatir asuntos que conciernen a una Asamblea en todo caso», pero nunca en sede judicial. Además, durante el interrogatorio, los partidos de izquierda han formulado preguntas «impertinentes» que han sido irremediablemente rechazadas por el juez quien, explican, no acepta estos «circos» en el Juzgado.

Sin orden

La jefa de compras de Almeida también ha asegurado al juez Adolfo Carretero que nunca recibió la orden para contratar al duque de Feria y a Luceño. De esta manera, se desmonta la acusación de los partidos de izquierda que pretenden atribuir al gobierno municipal de Almeida el supuesto delito de tráfico de influencias. Un tipo penal que el juez y el fiscal ni contemplan ni han investigado a lo largo de la instrucción.

El titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid también descartó de forma rotunda, en un auto anterior, los delitos de estafa agravada y tráfico de influencias, señalados por las acusaciones, al tiempo que aclaró que «no existe el más mínimo indicio» de la cooperación necesaria, complicidad o encubrimiento por parte de la responsable de compras del Consistorio de la capital. En ese mismo escrito desmontó uno por uno los delitos que tanto PSOE, como Podemos y el Grupo Mixto achacan a la responsable de compras del Ayuntamiento de Madrid. Así, descarta también el delito de prevaricación administrativa y el de malversación.

Sobre el primero de ellos, el instructor señaló que la firma de los contratos en nombre de la Empresa Municipal de Servicios Funerarios «no es una resolución en sí misma ni tampoco arbitraria», condiciones necesarias para imputar este delito. «Tampoco las presuntas irregularidades cometidas por Elena Collado al no seguir las directrices de la comunicación constituirían un delito de prevaricación administrativa, pues fueron subsanadas al darse la información y la documentación disponible al Consejo de Administración de la Funeraria, sin que ningún miembro del mismo hiciese objeción alguna», argumentó el juez Carretero.