Irene Montero niega a Transparencia los informes ministeriales con los que justificó no suspender el 8-M

Opacidad total. El Ministerio de Igualdad, liderado por Irene Montero, ha decidido no entregar los informes ministeriales con los que la ministra justificó que no se suspendieran las manifestaciones del 8-M por el Día de la Mujer.

El pasado 26 de marzo, en su reaparición televisiva tras dar positivo en coronavirus, afirmó que, en relación a mantener o no las manifestaciones del 8-M, «hicimos en todo momento lo que dijeron los expertos y la autoridad sanitaria». Desde su convalecencia en Galapagar, la ministra esgrimió informes técnicos que ahora ha decidido guardar en un cajón bajo llave.

El jurista Samuel Parra, experto en transparencia y ciberseguridad, trasladó el 11 de abril un requerimiento al Ministerio de Montero para conocer de primera mano los supuestos consejos de los técnicos para no cancelar el 8-M. Sin embargo, en una resolución firmada el 8 de mayo, el departamento de Irene Montero le deniega esa información.

Para imponer el cerrojazo informativo y esconder los informes, el Ministerio, en resolución firmada por Pedro Guillén Marina, subsecretario de Igualdad, alega varios motivos. En primer lugar que la Ley de Transparencia dice que «se inadmitirán a trámite las solicitudes que referidas a información que tenga carácter auxiliar o de apoyo (notas, borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones e informes internos o entre órganos o entidades administrativas). «Lo que se solicita en esta petición es precisamente información contenida en opiniones», apunta el alto cargo del Ministerio de Igualdad.

Ley de Salud Pública

Sin embargo, de esta forma Igualdad incumple además la Ley General de Salud Pública, que en su artículo 11 dice que «los dictámenes y documentos relevantes» deben ser «públicos». Es la misma norma que el Ministerio de Sanidad tampoco respeta al no facilitar los nombres de los expertos que están decidiendo qué provincias pasan de fase y cuáles no.

Por otra parte, Igualdad se niega a entregar los informes solicitados asegurando que por la Ley de Transparencia pueden inadmitir las peticiones que «tengan un carácter abusivo no justificado con la finalidad de transparencia de esta Ley». ¿Por qué es abusivo o no justificado en la legislación este requerimiento de un jurista anónimo? El Ministerio no lo aclara.

Igualdad finaliza diciendo que «la aclaración de declaraciones de naturaleza política quedaría fuera del ámbito objetivo de aplicación de la Ley de Transparencia». Algo que no encaja en toda lógica, ya que cientos de veces esta normativa aprobada en tiempos de Mariano Rajoy ha permitido acceder a la documentación que citan los políticos para justificar sus decisiones.

Habrá reclamación

El jurista que pide la documentación no acepta la respuesta de Igualdad y, tal como confirma a OKDIARIO, presentará una reclamación ante el Consejo de la Transparencia y el Buen Gobierno que como mucho en tres meses tendrá que aclarar si Irene Montero puede decretar el ‘secreto oficial’ sobre esos informes.

En todo caso, las manifestaciones del 8-M por toda España fueron una bomba biológica. Los propios cálculos de Sanidad revelan que ese día sólo en Madrid hubo más de 12.300 contagios por coronavirus. Y la muestra más palpable del contagio masivo en la manifestación de Madrid es que contrajeron el virus la propia Irene Montero, Begoña Gómez, mujer de Pedro Sánchez, y la madre de éste; y las ministras Carmen Calvo y Carolina Darias.