Irene Montero denunciada en la UE por su inacción con menores tuteladas víctimas de abusos sexuales

La Justicia ha confirmado la condena al ex marido de Mónica Oltra por abuso de menores. Se trataba de una menor en un centro tutelado, es decir, que la protección debían dársela los propios poderes públicos. La sentencia no ha dudado en levantar las alarmas por la falta de impulso de la Conselleria de Igualdad en la labor de protección de la menor. Esa conselleria estaba, de hecho, en manos de la propia Mónica Oltra, la entonces esposa del abusador. Y todo este caso salta ahora hasta instancias europeas, precisamente por la falta de protección de los cargos públicos a los menores que sufren este tipo de delitos. Por la inacción de la conselleria de Oltra y de la responsable ministerial de ese mismo área: Irene Montero, ministra de Igualdad.

El caso salta hasta la UE y, más en concreto, hasta el Parlamento Europeo. Lo ha hecho por medio de una denuncia del PP. Pero no sólo contra la inacción de la conselleria que lideraba Mónica Oltra, tal y como lo describe la reciente sentencia de la Audiencia valenciana: también por la omisión de acción en la defensa de las menores de quien mantiene las mismas funciones pero a escala ministerial y dentro del Gobierno de Pedro Sánchez: Irene Montero.

La carta va dirigida a «la presidenta de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo». Y señala que Elena Bastidas Bono, diputada de Les Corts Valencianes por Valencia, Portavoz Adjunta del Grupo Parlamentario Popular […] al amparo de lo dispuesto en el artículo 227 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea”, ejercita el “Derecho de petición ante el Parlamento Europeo […] por ser asuntos que trascienden al ámbito de toda la Unión”.

La denuncia explica que en su “condición de diputada” ha recibido “numerosas informaciones de extraordinaria gravedad que afectan a una pluralidad de personas menores de edad bajo tutela de la Generalitat Valenciana, que en los últimos años han sido objeto de abusos sexuales en las instalaciones públicas de acogida en distintos lugares del territorio de la Comunitat Valenciana”.

Entre los ejemplos, la denuncia cita “el caso relativo a los abusos sexuales a una menor por parte de un cuidador, ex pareja de la vicepresidenta del Consell”, donde señala que “con fecha 17 de marzo de 2021, fue dictada Sentencia nº 617/2019 por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Valencia. En la misma se declara a dicho cuidador como responsable en concepto de autor, de un delito continuado de abuso sexual, con prevalimiento, a menor de 16 años”.

Reproche del tribunal

La diputada subraya que “en esta Sentencia cabe señalar el reproche del Tribunal a la actuación de los servicios dependientes de la Conselleria de Igualdad, tal y como se recoge a continuación: “Por otro lado, frente a la absoluta imparcialidad predicable de la pericia del IML, el “informe reservado” y el informe pericial del Centro Espill podrían estar animados por un interés de exculpar o aminorar una eventual responsabilidad de la Generalitat al haberse producido los abusos en un centro dependiente de la Conselleria por un educador, habiéndose hecho patente como consecuencia de la prueba esa relación de dependencia entre las autoras del informe y la Administración que les hace la encomienda”, tal y como ha publicado OKDIARIO.

La denuncia destaca que “estos ejemplos son solo algunos de los numerosos casos que desgraciadamente ocurren con una frecuencia intolerable en los centros de menores de la red asistencial pública valenciana, poniendo en peligro la integridad física y la indemnidad sexual de las personas más vulnerables, que son los menores que se encuentran bajo la tutela de la Administración por no tener progenitores o tutores que se hagan cargo de ellos”.

El texto aclara que “hechos de esta gravedad trascienden al ámbito regional o estatal y suponen una clara vulneración de los derechos fundamentales de esas personas menores de edad que se encuentran tuteladas por los poderes públicos, tal y como los reconoce el derecho de la Unión, siendo un asunto que reviste de trascendencia suficiente para su conocimiento por la Comisión de Peticiones en aras a recabar datos y testimonios suficientes para adoptar unas conclusiones que sirvan para compeler a las autoridades nacionales a proteger a los menores víctimas de abuso”.

Aunque las competencias de “menores tuteladas de la Generalitat valenciana son, en primera instancia, de competencia autonómica, tras la inacción ante los hechos narrados y ante la desprotección de los menores tutelados en la Comunitat, nos llama la atención la dejadez del Gobierno de España en la defensa de los derechos de los más vulnerables. Por todo ello, esta diputada reclama al vicepresidente segundo del Gobierno de España y ministro de Derechos Sociales, Pablo Iglesias y a la Ministra de Igualdad, Irene Montero que den explicaciones por su laxitud en el caso de abusos sexuales a menores acogidas en centros tutelados por la Generalitat en tanto que sus competencias son de ámbito nacional”, concluye el escrito.

Por todo ello, la denuncia que señala a Irene Montero solicita “que se tenga por presentado este escrito, se sirva admitirlo y, en sus méritos, tenga por formulada la petición que le dirijo, sometiéndola al debate de la Comisión, para que sobre ella adopte las medidas que proceda en protección de los derechos de los ciudadanos de la Unión”.