Interior advirtió del «incremento exponencial de llegadas masivas» antes de la regularización de Sánchez

El Ministerio del Interior, que dirige Fernando Grande-Marlaska, advirtió del «incremento exponencial de llegadas masivas» apenas unas semanas antes de la regularización de alrededor de 800.000 extranjeros en situación administrativa irregular del Gobierno de Pedro Sánchez. Una decisión que, desde el PP, ya alertaron que fomentaría el «efecto llamada», sobre todo ante el incremento de la inestabilidad internacional.

La Secretaría de Estado de Seguridad dependiente de la cartera de Marlaska,  juez de profesión, ha publicado, más de tres meses después, el contrato para el suministro e instalación de un Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) modular para los inmigrantes que lleguen a las Islas Canarias.

Para agilizar ese servicio, se realizó a través de una «declaración de emergencia» que la Administración debe justificar. Se justifica, de manera genérica, en la «extrema urgencia resultante de acontecimientos imprevisibles para el comprador», es decir, para el Gobierno.

Más concretamente, Interior detalla que este contrato, fechado en diciembre de 2025, se suscribe «con motivo de la llegada de inmigrantes en situación irregular a las islas Canarias procedentes de las costas de África Occidental, especialmente Senegal, Gambia y Mauritania».

«Desbordamiento de capacidades»

Esa situación, como detalla el Ejecutivo socialista en el documento que justifica haber negociado sin publicidad este contrato, «ha producido un incremento exponencial de llegadas masivas de un 126% respecto al año anterior, tanto en las islas orientales como occidentales».

El Gobierno asegura que esta situación está «provocando un desbordamiento en las capacidades materiales, económicas y operativas de la Policía Nacional en el Archipiélago» y genera «una situación de emergencia con potencial para convertirse en una crisis humanitaria».

Este contrato se refiere concretamente al levantamiento de este Centro de Atención Temporal de Extranjeros en Granadilla (Tenerife) a cambio de más de medio millón de euros. Sin embargo, no es el único contrato que ha tenido que suscribir el Gobierno para hacer frente a la crisis migratoria sin precedentes que está viviendo el país con el que el Ejecutivo define como «incremento exponencial de llegadas masivas».

El Ejecutivo ha tenido que suscribir varios contratos de naturaleza similar desde mediados de 2025 para asegurar una atención adecuada a la cantidad de extranjeros que llegan por mar a las Islas Canarias. En total, la Secretaría de Estado de Seguridad ha declarado un gasto cercano a los 4 millones de euros para levantar este tipo de instalaciones en el archipiélago.

Regularización masiva de inmigrantes

Todo ello a pesar de que todavía no se ha puesto en marcha la regularización masiva de inmigrantes, que se calcula que afectará a 800.000 extranjeros en esa situación administrativa. PSOE y Podemos acordaron a finales de enero una regularización masiva de inmigrantes que, posteriormente, acabó aprobándose en el Consejo de Ministros.

La medida afecta a las personas que estén residiendo en España antes del 31 de diciembre de 2025 y, en sus primeros cálculos, puede suponer la regularización de más de medio millón de personas, pero que podrían ser 300.000 más si recurren a la figura del arraigo, lo que permitiría también incluir a familiares de estos beneficiarios. Los beneficiarios tendrán que demostrar al menos cinco meses de estancia en España, algo para lo que simplemente será necesario aportar documentos como el padrón, informes de citas médicas, certificados de asistencia a recursos sociales u otros como un contrato de alquiler, justificantes de envíos de dinero o billetes de transporte.

El procedimiento permite que los inmigrantes ilegales tengan derechos desde el mismo momento de la presentación de la solicitud, pues ya entonces quedarán suspendidos los procedimientos de retorno o las órdenes de expulsión por motivos administrativos o por trabajar sin permiso que pesarán sobre la persona. Cuando se admita a trámite, se concederá una autorización de residencia provisional que permite trabajar de forma legal y acceder a otros derechos fundamentales, como la asistencia sanitaria.

Si la resolución es favorable, se concederá una autorización de residencia por periodo de un año, al término de la cual podrá solicitarse una autorización ordinaria conforme al reglamento de extranjería.

Alberto Núñez Feijóo alertó hace unos días en Bruselas, donde se celebraba la Cumbre del PP Europeo, sobre los efectos de la regularización masiva de Sánchez: «Europa tiene que decir quién entra y en qué condiciones» y advirtió de que las políticas del Ejecutivo español «fomentan el efecto llamada» tras el estallido de la guerra desatada en Irán.