La inhabilitación de Torra depende del juez que desarticuló el Estatut

La pregunta que se hacen los juristas es ahora mismo espeluznante: ¿Sabe ya el presidente del Gobierno qué dirá finalmente el Tribunal Supremo sobre la inhabilitación de Torra? La cuestión se deriva de una sospecha también expresada en forma de interrogante: ¿Se hubiera lanzado el lunes Sánchez a anunciar su reunión con el susodicho en la primera semana de febrero si no tuviera esperanzas de que el Supremo no le dejará Torrá sin escaño, y, en consecuencia, sin Presidencia de la Generalidad?

Es sólo un temor bien fundado. Al PP y a Ciudadanos, que ya se han dirigido al Alto Tribunal para oponerse a la Fiscalía que pretende suspender la inhabilitación hasta tanto Torra no sea suspendido definitivamente, no les cabe la camisa en el cuerpo conociendo como cono conocen la personalidad del fiscal Pedro Crespo que es el que, sorprendentemente, ha apostado por la suspensión. Crespo es tildado en todos los ambientes jurídicos relevantes como un fiscal absolutamente comprometido con el PSOE, hasta el punto de que ha sido un candidato muy cualificado a la Fiscalía General del Estado. Hay quien, más gráficamente, apunta a la obediencia de Crespo a los postulados de la izquierda con esta expresión realmente dura: “Es como si fuera de las Juventudes Hitlerianas”.

Así las cosas, todo puede pasar. El balón se encuentra en una sección del Supremo que preside el magistrado Díaz Picazo, es una Sección con un antecedente preocupante: es la que permitió la exhumación de Franco tal y como deseaba el Gobierno de Sánchez. Ahora bien: existe un esperanza porque el ponente de este caso el momento es nada menos que el juez que fue ponente en el Constitucional del Estatuto de Cataluña, el magistrado Jorge Rodríguez Zapata, un jurista al que no se le puede suponer ninguna tendencia a la subordinación política.

En pocos días -ya lo advertimos aquí- se puede se puede esperar por tanto que el Tribunal no acceda a la suspensión que ha pedido el todavía presidente de la Generalidad. Quim Torra quien, con una pirueta inteligente diseñada por sus abogados, ha colocado en la Justicia en el trance de aplicar o no una Ley que data de 2011 cuando el PP y el PSOE aprobaron un texto que hacía imposible la consecución en su cargo de un político condenado por desobediencia.

El antiguo alcalde de Valladolid, León de la Riva, fue precisamente el personaje al que primero se le aplicó esta Ley. Pero, ¿qué han hecho los letrados del inhabilitado? Pues han solicitado que el Supremo aprecie un punto preciso de inconstitucionalidad al procedimiento y en consecuencia tenga que elevar una petición al Tribunal Constitucional para que se pronuncie. Si el Supremo se acodara afavor de esta premisa la inhabilitación de Torra daría para mucho tiempo, se eternizaría más bien.

Y lo dicho: antes de que haya decisión legal el presidente del Gobierno ya ha prometido ante las cámaras de la fiel Televisión Española, reunirse con Torra y además en Barcelona. En el fondo, le da igual que el aún presidente quede inhabilitado; él como sus socios catalanes sediciosos creen que la policía está por encima de las leyes. Esto es lo que hay.