Informe del Defensor del Pueblo: bajan las quejas por pobreza y suben las de protección de menores

Las situaciones de necesidad y exclusión social siguen siendo los motivos de queja más numerosos en materia de política social, con un 29,71%, aunque descienden esas denuncias respecto a las presentadas en 2015, cuando alcanzaron el 52% de las reclamaciones en ese ámbito.

Según el informe del Defensor del Pueblo de 2016, la institución ha recibido menos quejas en materia de protección a la dependencia (que son el 18,55% de las actuaciones encuadradas en este capítulo), mientras que han ascendido, hasta casi el 21 %, las referidas a menores y familia, especialmente las que aluden a las familias numerosas.

Las actuaciones que se centran en la situación de las personas con discapacidad y de las personas mayores suponen el 16,46% y el 13,67%, respectivamente.

El Defensor ha abierto de oficio 101 expedientes en materia social, 62 de ellos a municipios de más de 100.000 habitantes para promover la existencia de planes de garantía alimentaria para los menores de familias en situación vulnerable y otros 23 están relacionados con problemas de personas con discapacidad.

«El ritmo de respuesta de las administraciones es con frecuencia menos ágil de lo deseable», ha lamentado la institución, que tras no recibir respuesta ante un primer requerimiento, tuvo que emitir otros nuevos, que ascendieron a 19 en el caso de terceros requerimientos.

En total, el Defensor ha formulado en este ámbito 174 recomendaciones, 59 recordatorios de deberes legales y 15 sugerencias, sobre todo por la campaña desarrollada con los municipios de mayor población sobre la garantía alimentaria de la población infantil y la protección de las situaciones de dependencia.

Becerril: «La coordinación es fundamental»

La defensora del Pueblo, Soledad Becerril, destaca que «la coordinación de todas las administraciones resulta fundamental para definir una estrategia común y crear políticas públicas de apoyo», pero para ello plantea diagnosticar la situación de los menores en riesgo, pobreza o exclusión social y establecer mecanismos de coordinación entre las administraciones educativa, sanitaria y social.

«Resulta también necesario conocer cómo las entidades locales colaboran con la administración autonómica, o con otro tipo de organizaciones, para garantizar la alimentación básica de los niños más allá de los períodos lectivos, bien a través de la apertura de comedores escolares, bien por otras vías que resulten accesibles para el conjunto de la población que lo necesite», insiste.

Igualmente, recomienda otorgar prioridad en la elaboración de informes sociales a los casos de menores o personas con discapacidad a efectos del sistema de garantía alimentaria.

En 2016, se han recibido quejas de personas de avanzada edad, reconocidas en situación de dependencia, que habían solicitado la revisión de su grado de dependencia, tras sufrir una operación quirúrgica u otras incidencias sanitarias graves y que han visto inadmitidas o denegadas sus solicitudes de revisión de grado por no haber transcurrido el tiempo necesario para que concluyera el proceso de recuperación o de rehabilitación.

Para esos casos, propone que se admita la solicitud de revisión del grado de dependencia y se dicte una resolución que podrá ser provisional, hasta ver los resultados terapéuticos, o definitiva.

Como en ejercicios anteriores, la cuestión que más quejas ha suscitado en este ámbito son la excesiva demora en la tramitación de los procedimientos de dependencia y también en la tramitación de las rentas mínimas, y aunque se aprecie una mejora de los tiempos, reconoce el informe, algunos plazos «siguen siendo inaceptables»