El independentismo vuelve a pagarle una fianza a Puigdemont: dos millones de euros al Tribunal de Cuentas

El fugado Carles Puigdemont ha vuelto a echar mano del dinero de los independentistas que donan parte de sus ahorros para la causa separatista. Esta vez, la llamada caja de resistencia ha abonado los dos millones que le faltaban al ex presidente para cubrir la fianza de 4,1 millones que le impuso el Tribunal de Cuentas, a él y a otros 27 investigados, por su responsabilidad contable en el desvío de fondos públicos con los que se pagó el referéndum ilegal del 1-O.

A principios de semana, el Tribunal Supremo comunicó al órgano fiscalizador que ponía a su disposición 2.135.948, 60 euros en fianzas que consignaron los procesados por el delito de malversación en el proceso independentista. La cesión de esta cantidad se hizo después de que la delegada instructora del Tribunal de Cuentas atendiera a la petición de las defensas de los 28 investigados, que pidieron poder emplear las fianzas depositadas en órganos judiciales en los que se han investigado hechos relacionados con el referéndum para «evitar duplicidades».

Así, la delegada instructora reclamó también al Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona que aportara la fianza que superaría los cinco millones de euros, precisamente abonada también con el dinero aportado por independentistas a la llamada caja de resistencia.

No obstante, mientras el Tribunal de Cuentas analizaba el testimonio de las piezas de responsabilidad civil subsidiaria que fueron remitidas por la magistrada instructora de Barcelona Alejandra Gil para dar el visto bueno a que realizara la transferencia a la cuenta de depósitos y consignaciones judiciales del Departamento Segundo de la Sección de Enjuiciamiento –órgano jurisdiccional contable al que le corresponde el conocimiento y resolución del procedimiento contable que en su día se incoe–, la caja de solidaridad se ha adelantado y ha consignado los 2.010.327,37 euros que faltaban, han informado fuentes del órgano fiscalizador a Europa Press.

Con ello, el importe de 4.146.274,97 euros –3.903.294,86 euros corresponden al principal del alcance y 242.980,11 euros a los intereses provisionalmente calculados– impuesto por el Tribunal de Cuentas como fianza solidaria a los 28 investigados, ya queda cubierta para asegurar el reintegro a las arcas públicas el posible coste del 1-O, en caso de que estos sean finalmente condenados y considerados responsables contables.

No es la primera vez que lo que ellos denominan la caja de solidaridad ayuda a políticos independentistas investigados por el Tribunal de Cuentas, pues el verano pasado consiguió recaudar dos millones de euros que estaban pendientes para cubrir la condena de 4,9 millones impuesta al expresidente de la Generalitat Artur Mas y sus consejeros Francesc Homs, Joana Ortega, Irene Rigau y Jordi Vilajoana por la organización de la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014.

En el caso del 1-O, además de Puigdemont y del que fuera su vicepresidente, Oriol Junqueras, están investigados los ex consejeros del Govern, tanto los juzgados en el Supremo por el ‘procés’ como los huidos, así como ex altos cargos de la Generalitat que han sido procesados en el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona.