Imputan al hermano de Ximo Puig y al director general de Política Lingüística de Valencia por malversación

Francisco Puig, responsable de las empresas Comunicació dels Ports y Mas Mut Produccions y hermano del presidente de la Generalitat, Ximo Puig; y el director general de Política Lingüística, Rubén Trenzano, tendrán que comparecer ante el juez el 10 de diciembre tras ser citados como investigados por el Juzgado de Instrucción número 4 de Valencia en el marco de una causa por malversación abierta tras una querella del PP.

La querella que presentó el Partido Popular está firmada por la secretaria general del PP valenciano, Eva Ortiz. Con ella reclama que se investigue si la concesión de subvenciones para el fomento del valenciano a las empresas del hermano de Ximo Puig podrían ser constitutivas de los delitos de prevaricación, malversación y fraude.

Según denuncian los populares, «han recibido más de 400.000 euros en subvenciones desde el 2015 para ayudas al fomento del valenciano sin ningún tipo de control».

En una resolución del juzgado el magistrado decreta que se forme una pieza aparte con dichos documentos a fin de dar traslado a las partes. Contra esta providencia cabe recurso en el plazo de tres días y en ella se pide que se informe al ministerio fiscal y a las partes personadas para que formulen alegaciones sobre el plazo de instrucción de la causa.

En la querella del PP se solicita una investigación penal para analizar la documentación que acreditara la concesión a las empresas Comunicació dels Ports y Mas Mut Produccions de subvenciones para el fomento del valenciano, al considerar que «no se cumplían los requisitos exigidos». También se pedía investigar «las actuaciones arbitrarias llevadas a cabo por parte de Rubén Trenzano y Francisco Puig, que podrían ser constitutivas de los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude de subvenciones».

Esta querella se interpuso inicialmente en los juzgados de Vinaroz porque las empresas de Francisco Puig están radicadas en Morella, pero se archivo porque se consideraba que no tenían competencia territorial. Fue después cuando se presentó en Valencia y recayó en el Juzgado de Instrucción número 4, que trasladó de nuevo la cuestión a Vinaròs.

Al final se tuvo que pronunciar la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana y acordó que debe ser el juzgado de Valencia el que se ocupe de la instrucción de los hechos porque el delito de prevaricación «debe ser investigado por el órgano judicial del territorio en el que se ha dictado la resolución injusta».

La querella del PP atribuye a Trenzano y a su Dirección General su comisión porque sería desde donde se dio la orden de pago que habría provocado la «fraudulenta disposición de los fondos públicos». La querella añade que la acción de malversar «se consuma cuando se realiza el acto que genera la disposición de los fondos públicos» y que los expedientes administrativos se tramitaron en la Dirección General de Política Lingüística.