Hacienda detecta 24 centros del CSIC que operan con convenios caducados desde 2022

La Intervención General del Estado (IGAE) ha destapado que 24 centros mixtos de investigación -casi la mitad de los existentes- del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), el mayor organismo público de investigación español, operan con convenios caducados desde octubre de 2022, en clara contravención del marco legal vigente.

Estos convenios, que regulan la colaboración entre el CSIC y otras entidades (principalmente universidades y administraciones autonómicas) para la gestión de centros mixtos de investigación, deberían haberse adaptado a la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP) antes del 2022. Sin embargo, años después, la situación ha seguido sin resolverse como destapa la IGAE.

El informe de Hacienda, firmado por el Interventor General Pablo Arellano, pone de manifiesto carencias estructurales en el seguimiento y control de estos centros. En 16 de ellos (el 31,37% del total) no se celebró ninguna reunión de la Comisión Rectora u órgano similar durante los años 2021 y 2022, lo que ha impedido la aprobación de las liquidaciones presupuestarias correspondientes.

«Es decir, tan solo en 13 de los 51 centros mixtos, el 25,49%, consta, en algunos con deficiencias, la aprobación de la liquidación de los presupuestos de 2021 y 2022», señala el documento que ha desvelado OKDIARIO, que añade que en algunos casos como el Centro Andaluz de Biología del Desarrollo (CABD) y el Centro Andaluz de Biología Molecular y Regenerativa (Cabimer) «surgen dudas sobre si alguno de los copartícipes está efectuando sus aportaciones y cómo se están liquidando las deudas».

Los auditores también han detectado que numerosos convenios con comunidades autónomas con compromisos económicos superiores a 500.000 euros carecen de la preceptiva autorización del Consejo de Ministros, otra irregularidad significativa.

«No adaptado a la normativa»

La situación es especialmente preocupante en lo que respecta a la adaptación a la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público. De los 52 centros mixtos existentes, sólo 23 habían adaptado sus convenios a la LRJSP a finales de 2023 (9 de ellos en ese mismo año), pese a que el plazo legal expiró en octubre de 2022.

«Teniendo en cuenta que prolongar estas situaciones supone un incumplimiento de lo establecido en la LRJSP, deberían adoptarse las medidas que permitan o bien la renovación o, en cumplimiento del artículo 52.2 de la LRJSP, la liquidación de los convenios», advierte el informe.

El CSIC ha manifestado al respecto su «absoluto interés y voluntad» de renovar estos convenios, señalando que este es uno de los indicadores de cumplimiento recogidos en su Contrato de Gestión aprobado en 2023. Sin embargo, apunta que «carece de medios para evaluar si todas y cada una de las contrapartes tienen el mismo interés y voluntad en este objetivo».

Otras irregularidades detectadas

El informe de Hacienda va más allá de la gestión de centros mixtos y señala otras graves deficiencias en el funcionamiento del CSIC:

• En el ámbito de la contratación menor, se han detectado 342 posibles casos de fraccionamiento del gasto para evitar procedimientos de licitación más rigurosos.
• Se han celebrado 15 contratos menores ilegales con personal que ya trabajaba en el CSIC, incurriendo en una de las causas de nulidad previstas en la Ley de Contratos del Sector Público.
• El organismo acumuló un retraso de 145 días en la presentación de sus cuentas anuales de 2022, y de 46 días en las de 2023.
• En el Real Jardín Botánico, se detectó que 144.022 euros recaudados en efectivo por la venta de entradas no fueron ingresados en la cuenta oficial, sino entregados a una empresa privada sin justificación legal.

Recomendaciones

Ante esta situación, la IGAE recomienda al CSIC «incluir en el texto de los convenios que se renueven de forma clara que las aportaciones financieras que se comprometan a realizar los firmantes no podrán ser superiores a los gastos derivados de la ejecución del convenio».

También sugiere establecer «un procedimiento para conseguir que se hagan efectivas» las aportaciones comprometidas, ya que «pueden afectar a la viabilidad del centro», y recomienda que «ante incumplimientos reiterados de los convenios, debe procederse a su denuncia y liquidación con indemnización por daños y perjuicios».

Estas deficiencias se suman a un problema más amplio que afecta a todos los organismos públicos de investigación: cuatro años después de la entrada en vigor del Real Decreto Ley 3/2019, que exigía la implementación de una gestión financiera centralizada en el plazo de un año, esta medida fundamental para mejorar la eficiencia administrativa sigue sin materializarse.