Hacienda advierte a la interventora de la Generalitat que tiene 9 días para informar del coste del 1-O

El Ministerio de Hacienda ha dado 9 días de plazo a la Interventora General de la Generalitat para que remita al departamento que dirige Cristóbal Montoro los datos de cómo se financió el referéndum ilegal de independencia del pasado 1 de octubre. Además, advierte expresamente de que el incumplimiento de esta orden puede acarrear «responsabilidades personales».

Así figura en la carta remitida por el Secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, a Rosa Vidal, la Interventora General de la Generalitat, con fecha de 15 de enero pasado. Dando cumplimiento así del requerimiento que cursó el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona a los Ministerios de Economía y Hacienda el pasado mes de noviembre.

Responsabilidades personales

En la misiva, Fernández de Moya avisa: «La información requerida deberá ser aportada antes del 24 de enero». Y añade que, de no ser así, el incumplimiento dará lugar a que se dé traslado de esta actuación a las autoridades competentes «a los efectos de la exigencia de las responsabilidades personales procedentes».

La información que ha pedido el juez a Hacienda como responsable de las cuentas catalanas en virtud de la aplicación de artículo 155 de la Constitución es la siguiente: pago de informes previos a la celebración del referéndum del 1-O; publicidad en los medios, pago para la creación de los diferentes eslóganes relacionados con el referéndum y pago de su difusión en los diferentes medios de Tv, radio y prensa; material electoral como urnas, papeletas, sobres, gastos del envío del llamado censo electoral realizado al menos por Unipost u otras compañías.

A ello, añade los gastos relacionados con las diferentes webs creadas con el fin de difundir el referéndum y el coste de aquellos medios informáticos para la emisión y escrutinio de los otos, así como aquellos dispositivos electrónicos adquiridos para la verificación de los votos emitidos con el censo disponible; los costes relacionados con el traslado y estancia de los diferentes observadores internacionales invitados para la verificación del referéndum; el pago de los actos de apertura –contratación del Tarraco Arena– y clausura –en la Fuente Mágica de Montjuic– del citado referéndum y el pago a personal empleado para llevar a cabo el mismo.

Pide nombres de los que participaron

El Ministerio de Hacienda también reclama a la Interventora que recabe la información correspondiente a diversos expedientes, indicando los sujetos que intervinieron en los mismos, tanto en su inicio como en la tramitación, adjudicación, formalización y ejecución, incluida su fiscalización y recepción.

Entre esos contratos, está el realizado bajo la rúbrica DFP-CREATIVITAT Y PRODUCCIO CAMPANYA, REGISTRE CAT.EXTERIOR adjudicado a la empresa ESTUDI DADA S.L.; el expediente de contratación número PR-2018-428 en materia de difusión publicitaria; la ejecución del contrato para el programa de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales en relación a la emisión de la campaña CIVISME, que contenía publicidad relacionada con la inscripción de un registro de catalanes en el exterior, instrucciones para votar y el anuncio «Ahora más que nunca, el futuro de Cataluña está en tus manos. Participa en él. El 1 de octubre referéndum».

Entre esos contratos también reclama la información de cualquier gasto por campañas de difusión relativas al denominado «referéndum del 1 de octubre» indicando los sujetos intervinientes para esa ejecución. A ellos se añade la petición de información de otros cuatro expedientes relacionados con la publicación de publicidad relativa al 1 de octubre.

Pero el secretario de Estado, además, reclama a la Interventora General un «INFORME JUSTIFICATIVO» sobre otra petición que ya le había cursado el pasado 8 de septiembre relativa a una campaña institucional de publicidad de la Generalitat en relación con el 1-O.

Esta petición en forma de ultimátum que realiza Hacienda se produce después de que el juez reclamara a la Generalitat la citada información y recibiera como respuesta que ninguna Consejería de la Generalitat había realizado gasto alguno en el referéndum. La respuesta iba firmada por los directores de servicio de cada una de las Consejerías, entre los que se encontraba Elsa Artadi o Natalia Garriga, quien resultó detenida el pasado 20 de septiembre en la ‘operación Anubis’ por orden del mismo juez que luego le pidió la información.