La Guardia Civil interviene en Unipost más de 45.000 sobres nominales para formar las mesas del 1-O
La Guardia Civil ha intervenido a lo largo de hoy en diferentes sedes de la empresa UNIPOST más de 45.000 certificados de notificación cerrados, dispuestos por ciudades y poblaciones de la Comunidad Autónoma de Cataluña, para su remisión a ciudadanos en el proceso de montaje del referéndum ilegal suspendido por el Tribunal Constitucional. El número de certificados de notificación incautados podría suponer el 80% de las comunicaciones necesarias para cubrir las mesas electorales.
En el contexto de las diferentes investigaciones que lleva a cabo la Guardia Civil dirigidas a la localización e intervención de material para publicitar o constituir el referéndum ilegal suspendido por el Tribunal Constitucional, se han practicado a lo largo del día diferentes inspecciones en sedes de la empresa UNIPOST en Manresa, l’Hospitalet de Llobregat y Barcelona y una entrada y registro ordenada por el Juzgado en funciones de guardia de Terrassa en las instalaciones de esta empresa en dicha localidad.
La Guardia Civil ha intervenido más de 45.000 certificados de notificación distribuidos entre las sedes de Manresa y, fundamentalmente, Terrassa. En los sobres intervenidos consta como remitente la Generalitat de Catalunya y todos ellos están provistos de destinatario.
55.000 miembros de las mesas electorales
Unipost es la empresa privada a la que confió la Generalitat de Cataluña el envío de sus notificaciones electorales una vez que la dirección de Correos se negó a enviar las cartas para constituir las mesas, cumpliendo así con el mandato del Tribunal Constitucional.
El pasado viernes concluyó el plazo para este tipo de comunicaciones habituales en los procesos electorales. Poco después de conocerse la decisión de Correos, el vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, aseguró que los catalanes recibirían «muy pronto» las tarjetas censales.
La Sindicatura Electoral de Cataluña (órgano que también ha sido suspendido por el Tribunal Constitucional) amplió el plazo para la constitución de las mesas, permitiendo que los miembros fueran notificados «hasta el cuarto día hábil anterior» al 1 de octubre, es decir el martes 26 de septiembre.
El sorteo de los 55.000 miembros de las mesas ya se ha realizado, pero la intervención de la Guardia Civil ha impedido que lleguen las notificaciones. La normativa del referéndum no especifica que la notificación se haga por correo postal.
Papel de Unipost en el 9N
En 2014, Unipost ya fue requerida por la Fiscalía Superior de Cataluña en el marco de la investigación sobre los preparativos de la consulta del 9N. A instancias de la Fiscalía General del Estado, el Ministerio Público remitió un oficio a la empresa Unipost para que le enviara la hoja de encargo, contrato y los documentos que obraran en su poder relacionados con la distribución o el buzoneo de la propaganda.
Además de pedir el presupuesto, la factura pro forma o definitiva, la Fiscalía quería saber entonces qué persona o entidad suministró a la compañía el listado de destinatarios o el mecanismo por el que se obtuvo dicho listado.
Unipost forma parte del entramado empresarial de la familia Raventós, propietaria del Grupo Codorníu. En julio de 2017 la filial de mensajería declaró la suspensión de pagos debido a las deudas acumuladas con la Agencia Tributaria.
Desde el pasado viernes 15, primer día de campaña del referéndum convocado por la Generalitat, la Guardia Civil ha intervenido 1,5 millones de unidades de carteles, dípticos y folletos de propaganda relacionada con el 1-O en registros practicados en varias imprentas y empresas de encuadernación.
El viernes intervinieron 100.000 carteles en los registros de la empresa Marc Martí, en el barrio barcelónes de Poblenou, y en Artyplan, situada en Sant Feliu de Llobregat; el sábado, las planchas de la cartelería en Sant Adrià de Besòs; el domingo, 1,3 millones de carteles en Montcada i Reixac y el lunes 113.000 carteles en Enquadernacions Rovira, en Sabadell.
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