España

La Guardia Civil filtra el Centro de Tecnologías de la Generalitat y accede a pruebas del golpe

El Gobierno se lanzó rápido a por el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) de la Generalitat. No lo hizo por casualidad. Las informaciones de que disponía de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado apuntaban a que, tras la destrucción de documentos y la utilización por los Mossos de canales de comunicación no registrados, uno de los sitios donde podía quedar el rastro de la coordinación del golpe separatista era precisamente este centro tecnológico. Por ellos, agentes de la Guardia Civil han procedido al volcado de los datos de sus servidores y discos. Porque en ellos esperan encontrar el rastro de las comunicaciones internas entre los implicados e investigados por los delitos de rebelión, sedición y malversación.

Moncloa ha echado mano de tres colectivos para analizar esta información: agentes de la Guardia Civil, expertos informáticos del CNI e, incluso, inspectores de Hacienda, ante la relevancia económica de parte de la documentación.

Y es que el CTTI es el centro de coordinación -y lo ha sido durante todos los preparativos del 1-O- de todos los inmuebles oficiales y sus sistemas de mail y comunicación. En él se concentra el entramado tecnológico de más de 6.600 sedes oficiales, con casi 170.000 empleados públicos conectados. De él cuelgan 1.700 aplicaciones informáticas y 85.000 líneas de teléfono oficiales —fijas y móviles—. Y, además de todo ello, es el centro de coordinación de las comunicaciones internas de los Mossos d’Esquadra.

Por todo ello, el Gobierno quiere tener una fotografía perfecta de todo lo que pasa y ha pasado por esas conexiones. En primer lugar, porque puede haber rastro de parte de las comunicaciones que se han borrado de móviles o mails particulares. En segundo lugar, porque en ese Centro puede seguirse el rastro de los mensajes hasta sus orígenes, pudiendo ver todo el recorrido de las órdenes de coordinación que se daban. Y, en tercer lugar, porque lo último que quiere es que esa red se pueda utilizar de cara a las futuras elecciones autonómicas del 21 de diciembre.

Toda la información recabada, quedará a disposición judicial y, por supuesto, desvelará las posibles estrategias de los radicales en ese cita electoral futura puesto que son las mismas que utilizaron para movilizar y organizar el 1-O.