El Gobierno sancionará a empresas que persigan a los ‘soplones’ de corrupción tras purgar Iglesias a los suyos

• Luz Sela
• Periodista política. En OKDIARIO desde 2016.
• • 24/08/2020 06:47
  • Actualizado: 24/08/2020 08:43

El Gobierno tendrá que proponer en los próximos meses una ley para proteger a los denunciantes de corrupción, como exige la normativa que la Unión Europea aprobó el año pasado. El debate resultará cuanto menos chocante, ya que Podemos defenderá la especial protección para los denunciantes de corrupción mientras persigue a los suyos. En especial, al ex abogado José Manuel Calvente. 

La realidad que se vive ahora en el partido contrasta con la bandera que Podemos ha hecho siempre de la protección a los denunciantes, especialmente para atacar al PP en un momento en que el partido de Gobierno se veía envuelto en los escándalos.

Sanciones de 400.000 euros

Ahora, la situación se da la vuelta, y Podemos es quien persigue a su denunciante y trata de desacreditar la investigación.

El partido morado plasmó sus reclamaciones en distintos textos legislativos, exigiendo protección para los denunciantes y severas sanciones, de hasta 400.000 euros, por tomar represalias o intentar torpedear las indagaciones internas.

Además, en el acuerdo del Gobierno de coalición, Sánchez e Iglesias se comprometían entre sus prioridades a impulsar una ‘Ley integral contra la corrupción’, en la que se incluirá un ‘Estatuto del denunciante’. 

El retraso del Ejecutivo irrita incluso entre sectores del PSOE. El pasado 2 de junio, el Grupo Parlamentario Socialista presentó una Proposición No de Ley en la que se insta al Gobierno a iniciar una Ley que transponga la directiva europea «relativa al establecimiento de un sistema de protección a denunciantes y alertadores sobre casos de corrupción y fraude».

Entre otros puntos, la directiva europea obliga por ejemplo a establecer cauces y procedimientos internos de denuncia tanto en entidades públicas como en empresas del sector privado que tengan más de 50 trabajadores. 

Purga

En diciembre de 2019, la dirección de Podemos comunicó al jefe de su equipo legal, José Manuel Calvente, su despido por burofax, tras abrirle un expediente por un supuesto acoso sexual y laboral a una compañera, la abogada Marta Flor, de la que ha trascendido su relación con el fiscal del caso Villarejo Ignacio Stampa. La juez acabó archivando la causa al no considerar justificada la perpetración de los delitos.

El ex responsable del equipo legal de Podemos fue despedido por la formación de Iglesias, junto a la abogada Mónica Carmona, cuando investigaban «graves irregularidades», como aseguraron ellos mismos en una carta dirigida al Consejo Ciudadano Estatal de Podemos.

En esa carta, se apuntaba a «irregularidades financieras, laborales y de limpieza en la realización de las consultas y primarias del partido» y se denunciaba el «acto de represalia y posibles coacciones» contra ella y su compañero Calvente. En dichas irregularidades, señaló, se verían «envueltos varios cargos internos».

La denuncia de esas supuestas irregularidades ha desembocado en un procedimiento sobre la financiación en Podemos. Las irregularidades denunciadas por Calvente habrían consistido en gastos sin justificar o no previstos en los presupuestos del partido, además del pago de sobresueldos.

El pasado 11 de agosto, el titular del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, imputó a Podemos como persona jurídica en la causa que investiga la financiación del partido tras la denuncia presentada por Calvente por posible malversación y administración desleal, entre otros posibles delitos. También imputó a Juan Manuel del Olmo, secretario de Comunicación de Podemos y responsable de las campañas, así como un estrecho colaborador de Pablo Iglesias, además de al tesorero y la gerente del partido, Daniel de Frutos y Rocío Esther Val, respectivamente.

Además de estas citaciones, el juez ha ordenado otras diligencias en el marco de esta causa que acaba de ponerse en marcha, como es requerir a Podemos abundante documentación que abarca desde la contabilidad hasta tablas de sueldos de trabajadores.

El juez dirige también sus sospechas contra la sociedad Neurona Comunidad S.L., empresa de comunicación política que ha trabajado en varias campañas electorales de Podemos y afín a Juan Carlos Monedero.