El Gobierno de Sánchez costó a los españoles un 25% más con los precios disparados

• Luz Sela
• Periodista política. En OKDIARIO desde 2016. Cubriendo la información del Congreso de los Diputados. Licenciada en Periodismo por la Universidad de Santiago de Compostela. Antes, en COPE, ABC Punto Radio y Libertad Digital.
• • 27/03/2022 06:48
  • Actualizado: 27/03/2022 06:48

El Gobierno de Pedro Sánchez costó a los españoles un 25% más en altos cargos y asesores que el del Partido Popular en un momento en que los precios ya estaban disparados.

La mastodóntica estructura del Ejecutivo socialcomunista pasa factura al bolsillo de los españoles, ya muy golpeado por la crisis económica. Sólo entre agosto y noviembre de 2021 -último mes contabilizado por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) – Sánchez gastó 32,6 millones de euros en personal contratado a dedo. En ese mismo periodo, el gasto durante el Gobierno del Partido Popular fue de 25,9 millones. Es decir, 6,6 millones más en el último año registrado y en un momento ya crítico para las familias españolas por el alza de los precios y la electricidad. Cabe recordar que fue en agosto cuando la luz, que ya venía registrando un aumento imparable, marcó un ascenso vertiginoso, batiendo sus registros históricos y situándose por encima de los 200 euros/MWh. En este mes de marzo se han alcanzado picos de hasta 700 euros/MWh.

«Gasto populista»

Pese a la difícil situación económica que atraviesan los españoles, Sánchez no contempla un recorte en su Gobierno de 22 ministerios -entre ellos, tres vicepresidencias-,  el más extenso de la Unión Europea. Los datos de la Intervención General de la Administración del Estado dejan claro el gasto histórico en los séquitos que acompañan al presidente socialista y a sus ministros. En 2021 -año que se cerró con una inflación del 6,5%, una cifra récord hasta entonces-, el Gobierno costó 128,6 millones a los ciudadanos sólo en las nóminas de los altos cargos y asesores. En 2017, el último año completo del Partido Popular -Sánchez ganó la moción de censura en junio de 2018-, esa cifra fue de 99,2 millones. Desde la llegada del socialista a La Moncloa, el gasto en personal nombrado a dedo no ha dejado de crecer.

La portavoz del PP, Cuca Gamarra, ha urgido a Sánchez a acabar con la política del «despilfarro», eliminando «hoy mismo» varios ministerios.

«No puede seguir manteniendo tres vicepresidencias y 22 ministerios», le espetó recientemente en el Congreso, instándole a eliminar «todo el gasto electoralista, populista e improductivo que rodea al Gobierno». Un estudio reciente del Instituto de Estudios Económicos (IEE) cifraba en 60.000 millones el margen para «reducir gasto ineficiente sin afectar a la calidad de los servicios públicos».

Las cifras de gasto en personal designado a dedo son significativas. Por ejemplo, desde la irrupción del Covid -en noviembre de 2019- hasta el último dato contabilizado -noviembre de 2021-, las nóminas de altos cargos y asesores ascendieron a 269 millones de euros.

En más de una ocasión, el Gobierno ha tenido que salir al paso de las críticas por su mastodóntica estructura. Las justificaciones han sido de lo más variopintas, desde defender que el organigrama «replica en su composición las grandes prioridades de transformación que precisa la sociedad española» a que es necesario por «eficacia y eficiencia» para desarrollar la acción del Ejecutivo. Incluso afirmó que la actual situación requiere de un Gobierno «robusto» o que la «presión mediática» lo hacía necesario.

Sánchez rechazó incluso una enmienda del Partido Popular a los Presupuestos Generales en la que se le exigía un recorte drástico de los ministerios y destinar el dinero liberado a paliar los efectos de la crisis económica en las familias y, especialmente, en los niños.

Los populares cifraban el ahorro, al menos, en 108 millones, únicamente en altos cargos al reducir la estructura del Gobierno a una vicepresidencia y 12 ministerios, como máximo. Según el PP, esos recursos deberían incrementar automáticamente la partida destinada a las comunidades autónomas para financiar el programa para familias y atención a la pobreza infantil del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.