El Gobierno recurrirá la ley del referéndum cuando pase de gesto simbólico a su tramitación

El Gobierno de Mariano Rajoy recurrirá la ley del referéndum ilegal si la tramita la Mesa del Parlament el 16 de agosto y ordene su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento de Cataluña (BOPC). El independentismo vuelve a amagar con su ley del referéndum. Este viernes, Junts pel Sí y sus socios radicales de la CUP han escenificado la firma, un diputado tras otro, del proyecto de ley, pero de momento sólo es un papel mojado que, aseguran, registrarán oficialmente este lunes en el Parlament.

El Gobierno no puede recurrir esta norma hasta que no esté desarrollada. Si la ley se acepta a trámite, saben que de nuevo ocurrirá lo inevitable, que el Gobierno recurrirá la norma y el TC la suspenderá. Y ahí se acabará todo. Por ello, se han curado en salud ante sus seguidores afirmando que esperarán a finales de agosto, cuando se reanude la actividad parlamentaria para aprobarla y mientras dar ‘autobombo’ a la fiesta del independentismo. La próxima cita del máximo órgano del Parlament será el 16 de agosto, que es cuando se podría tramitar para que el pleno la aprobase.

El bloque soberanista es consciente de que ese será el primer o último trámite de la ley del 1-O. «Pueden estar todo lo que quieran y más porque saben que es su última bala en la recámara», sostienen fuentes gubernamentales. Las mismas aseguran que lo más posible es que la propia Mesa de la Cámara autonómica «aparque su admisión a trámite a sabiendas de que se trata de un trámite contrario a la ley». Aunque, si la mesa es ‘colaboracionista’ con la independencia también podría aparcar su admisión para retrasar todo lo posible la acción del Gobierno y de los tribunales. Esto no les servirá de nada, según el Ejecutivo de Rajoy, pero les permitiría ganar unas semanas más en su carrera hacia el referéndum ilegal.

Para empezar, es más que probable que para entonces el TC haya suspendido también el nuevo reglamento de la Cámara y si lo utilizan para aprobar la ley del referéndum por la vía exprés, incurrirán en una doble desobediencia con graves implicaciones legales.

Las consecuencias de desobedecer al Constitucional ya las conocen, de ahí de que hayan optado por poner agosto de por medio mientras los líderes independentistas buscan una salida para evitar la inhabilitación y, sobre todo, salvar sus patrimonios personales. Es lo que más les aterra. Casi más que quedar fuera de juego en unas elecciones autonómicas que no dejan de flotar en el ambiente.

De hecho, aunque remota, nadie descarta la posibilidad de que Puigdemont adelante las elecciones para que coincidan con el 1-O a modo de coartada para celebrar en paralelo su referéndum ilegal. El presidente de la Generalitat dispone de plazo hasta el próximo día 8 de agosto para hacerlo.

Puigdemont se queda sin tiempo ni leyes que favorezcan a su consulta ilegal. Desde el Ejecutivo observan con atención las «maniobras» de las distintas fuerzas independentistas que permanecen a la espera de que Rajoy se relaje para ‘colar’ (aprobar) normas que hagan de su capa un sayo (contrarias a la Ley y al Derecho).

Así, la Mesa del Parlament debatió también el viernes la solicitud de la CUP de aprobar un protocolo que indique cómo debe actuar el Parlament si la Guardia Civil u otro cuerpo de seguridad del Estado desea entrar en la Cámara autonómica. Pretenden evitar el registro para obtener información, como ya sucedió días atrás con Germà Gordó (investigado por el caso del 3%). La Mesa actuó con cautela y acordó dejar esta cuestión del protocolo pendiente de resolver para la siguiente reunión. El Ejecutivo catalán tiene hasta el 16 de agosto para decidir sus próximos pasos ya que, según sostienen fuentes de la Generalitat: «No todo va como nosotros queremos».