El Gobierno presionó a los Franco para que renunciasen a acciones judiciales por la exhumación

El Gobierno ha tratado de presionar a los Franco hasta esta semana para que acepten la exhumación del dictador y la posterior inhumación en el cementerio de El Pardo, según aseguran a OKDIARIO fuentes de la familia, lo que supondría renunciar a sus derechos judiciales para recurrir la decisión del Ejecutivo socialista.

La versión contradice así el supuesto intento de negociación, publicado por eldiario.es, que el Gobierno  habría llevado a cabo hasta hace unos días, ya que se trató, aseguran esas fuentes, de una imposición en los mismos términos que se han venido planteando hasta el momento. Es decir, exhumación inapelable y posterior enterramiento en un espacio distinto al que quiere la familia, que es la catedral de La Almudena.

Según la información, un enviado del Ejecutivo de Pedro Sánchez intentó acordar con un representante de los nietos del dictador cómo se realizaría el proceso de exhumación y el destino final de los restos. Sin embargo, señala también este periódico, los familiares decidieron romper las negociaciones e insistieron en su intención de acudir a los tribunales.

La Moncloa confirmó este sábado la existencia de esas conversaciones, asegurando que la intención del Gobierno «es dar todas las garantías a las partes, respetando como no puede ser de otro modo todos los plazos administrativos y judiciales que procedan en cada momento». En fuentes gubernamentales destacan además que se trata de una decisión «acordada por mayoría en el Congreso y emprendida por el Gobierno».

Sin voluntad de acuerdo

La reunión, efectivamente, existió, y se produjo a finales de la semana pasada. Pero en términos distintos, afirman fuentes de la familia Franco, a los que ahora se trasladan desde el Ejecutivo socialista.

Descartan que existiese voluntad alguna de negociación por parte del Gobierno y aseguran que la conversación se planteó en términos de imposición.

Desde la familia afirman sentirse molestos ya que el Ejecutivo les pidió expresamente «confidencialidad» 

El enviado gubernamental trasladó al representante de los Franco que sacar al dictador era una decisión inamovible, y también que la posterior inhumación tendría lugar en El Pardo. Sin alternativas. La intención de la familia sigue siendo impedir la exhumación y, en su caso, poder elegir dónde reposarán los restos, siendo su voluntad la catedral de La Almudena.

El Gobierno rompió la «confidencialidad»

Es decir, señalan estas fuentes, «exactamente lo mismo que se ha venido sosteniendo hasta la fecha» por el Gobierno. Así, aceptarlo, destacan, «supondría una rendición» pura y dura a una decisión del presidente socialista.

La conversación tenía pues como fin esencial convencer a los Franco para que renunciasen a sus derechos de recurrir a los tribunales, algo que no harán. Los nietos del dictador han trasladado ya al Gobierno que ejercerán los mecanismos que el Estado de Derecho pone a su disposición para evitar que los restos salgan del Valle de los Caídos.

Desde la familia afirman sentirse además especialmente molestos ya que el Ejecutivo les pidió expresamente «confidencialidad» en las conversaciones y declaran su sorpresa porque haya roto ese compromiso.

El Gobierno aprobó el pasado 15 de febrero la exhumación de los restos de Franco, según el Real Decreto de octubre de 2018 y de un acuerdo del Consejo de Ministros de 31 de agosto de 2018 por el que se inició el procedimiento administrativo.

Desde entonces, se concedió un plazo de 15 días a la familia para que señalasen un lugar de reinhumación que permitiese «garantizar el orden público y la seguridad ciudadana para el necesario respeto a los derechos y libertades», según figura en la referencia del Consejo de Ministros.

En ese mismo documento, se indica que «a falta de un señalamiento de reinhumación compatible con los parámetros legales y de orden público y seguridad ciudadana, corresponderá al Gobierno la decisión sobre el mismo».

Último revés al Gobierno

El Gobierno, a día de hoy, no sabe cuándo podrá sacar los restos del dictador de la Basílica del Valle de los Caídos. La portavoz Isabel Celaá admitió esta semana que ve «difícil» que pueda ser antes de las elecciones del próximo 28 de abril.

En fuentes gubernamentales, asumen también que los últimos reveses complican sus planes.

Se refieren, en concreto, al auto de un juez de Madrid, revelado en exclusiva por OKDIARIO, por el que se suspende la licencia urbanística del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, que avaló la exhumación y su calificación como «obra menor».

El magistrado señala en su auto el «evidente riesgo» para la seguridad de los trabajos, que suponen mover una losa de casi dos toneladas de peso.

Desde el Ejecutivo socialista se ha cuestionado esta decisión judicial, que han tratado de deslegitimar apuntando a los «intentos de obstruccionismo» del entorno del dictador.

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, criticó este viernes la «obstaculización constante» de la familia Franco para proceder a la exhumación de los restos del dictador y aludió al «compromiso verbal y por escrito» de la Iglesia católica para no oponerse al traslado de los restos.

Calvo renunció a dar una fecha para la exhumación: «En el momento en que se pueda producir el punto final de la exhumación de los restos de Franco lo haremos», zanjó.