El Gobierno no comparte la condena a García Ortiz pero nombrará un fiscal general «en los próximos días»

El Gobierno de Pedro Sánchez ha asegurado que «no comparte» la sentencia del Supremo contra el hasta ahora máximo representante del Ministerio Público, Álvaro García Ortiz, pero ha anunciado que nombrará a un nuevo fiscal general del Estado «en los próximos días». El Alto Tribunal le ha condenado a dos años de inhabilitación por filtrar un correo para atacar políticamente a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha comparecido en una declaración institucional este jueves para expresar que pondrá «en marcha el mecanismo legal para nombrar a un nuevo o a una nueva fiscal general del Estado». El dirigente socialista ha insistido en que será una persona con «una trayectoria profesional y una cualificación jurídica que garantice que ejercerá con solvencia esta función».

«El Gobierno tiene el deber legal de respetar el fallo y el deber moral de decir que no lo compartimos», ha subrayado el político socialista. Además, ha recordado que la administración central «siempre ha creído y ha defendido la inocencia del fiscal general del Estado» pero que «el Poder Judicial ha hablado y ha resuelto esta causa».

A su vez, Bolaños ha reconocido el «compromiso en defensa del servicio público» de Álvaro García Ortiz y su defensa «de la ley y de la verdad» en su etapa al frente de la Fiscalía General del Estado.

En ese mismo sentido, Bolaños ha tratado de calmar las aguas: «La discrepancia no puede conllevar una desconfianza en las instituciones y en la Justicia española». En ese mismo sentido, ha recordado que este país «es un Estado de Derecho» que permite «dirimir las discrepancias con una decisión judicial».

Y ha puesto en valor el «derecho a recibir información veraz», ensalzando la labor de «periodistas» y de los funcionarios que «lo hacen desde el servicio público», con énfasis en «inspectores de Hacienda y fiscales». «A lo largo de este proceso ha habido quienes han intentado poner en duda su labor», ha subrayado.

«Morderse la lengua»

Por otro lado, el ministro de Transformación Digital y para la Función Pública, Óscar López, el primero de los miembros del Gobierno que ha aparecido públicamente tras la sentencia, ha preferido «morderse la lengua» después de ser preguntado por la prensa sobre la condena. En su lugar, el también líder del PSOE madrileño ha preferido «ser prudente» y leerse la decisión antes de expresar su opinión.

La ponencia de la sentencia ha recaído sobre el presidente de la Sala de lo Penal del Supremo, Andrés Martínez Arrieta. La resolución cuenta con dos votos particulares discrepantes de las magistradas Ana María Ferrer García y Susana Polo García.

El Supremo ha impuesto a García Ortiz una indemnización a la pareja de la líder del Ejecutivo madrileño, Alberto González Amador, con 10.000 euros por los daños morales ocasionados. Por otro lado, deberá pagar una multa de 7.300 euros. Al ser condenado, también tendrá que cargar con las costas del juicio, incluyendo las de la acusación particular. En todo caso, la sentencia aún está pendiente de redacción y surtirá efectos a partir de su notificación.

En el juicio ha habido siete acusaciones personadas, que pedían entre 4 y 6 años de prisión y hasta 12 de inhabilitación. Tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado reclamaban la absolución de García Ortiz, defendiendo que no se ha producido delito alguno. Asimismo, el Ministerio Público alegaba presuntas vulneraciones de derechos fundamentales, incluyendo la inviolabilidad del domicilio y el secreto de las comunicaciones.