El Gobierno no ve urgente mejorar las condiciones de los controladores ferroviarios tras el accidente de Urda
El Gobierno aprobó una norma para "mantener niveles adecuados de atención, vigilancia y capacidad de respuesta"
Sin embargo, permite posponerlo hasta 2 años para dar tiempo a los operadores a aplicarlo
El Gobierno de Pedro Sánchez ha dado hasta 2 años de margen a los administradores de las infraestructuras, es decir, Adif, para mejorar las condiciones de los controladores ferroviarios tras la tragedia ferroviaria de Urda (Toledo), en la que hubo 69 fallecimientos. La norma no impone la aplicación con urgencia de las medidas de «seguridad operacional e interoperabilidad ferroviarias», entre las que estaban la reducción de la carga de trabajo o el aumento de los descansos.
El Ejecutivo ha elevado a consulta pública el real decreto que modifica las condiciones de trabajo de los controladores ferroviarios. Este es el primer paso para aprobar este tipo de medidas. El Gobierno reconoce en la exposición de motivos de la norma que el control del tráfico ferroviario es «actividad esencial para garantizar el desarrollo seguro de las circulaciones». Y asegura que es necesario «mantener niveles adecuados de atención, vigilancia y capacidad de respuesta» para «interpretar información operativa, adoptar decisiones y gestionar las incidencias».
En la propia norma, el Ministerio de Transportes, ahora encabezado por el vicepresidente primero Carlos Cuerpo, advierte que su trabajo puede «incrementarse significativamente durante la realización de trabajos en la infraestructura». Esa labor es especialmente relevante en «situaciones de funcionamiento degradado», es decir, cuando se producen caídas del sistema, como durante el accidente de Urda.
Por todo ello, desde la administración socialista subrayan la importancia de redactar una norma que «delimite con mayor precisión los tiempos máximos de actividad de control del tráfico ferroviario», así como los «períodos de pausa necesarios» para lograr la «recuperación de las capacidades de atención y respuesta del personal».
Máximo, «2 horas seguidas»
La nueva norma que prepara Transportes establece «un tiempo máximo de dos horas de actividad continuada». Tras ello, impondrá «una pausa mínima de treinta minutos». Al día, los controladores tendrán un límite máximo de trabajo de ocho horas.
Para calcular el tiempo efectivo de trabajo, se tienen en cuenta las horas en las que el controlador «dirige, regula, supervisa o autoriza movimientos de trenes y maniobras», pero también «la gestión de incidencias, situaciones degradadas y otras actuaciones operativas que afecten a la seguridad de la circulación ferroviaria». En ella, se incluirá también el tiempo de «la toma y deje del servicio», es decir, los últimos minutos de la jornada en los que los trabajadores salientes explican a los entrantes las situaciones necesarias para recoger el testigo.
Pese a ello, el Gobierno admite que se incumpla su propia norma «de manera excepcional»: «Se podrá superar puntualmente para asegurar la continuidad de las operaciones de control de tráfico». Eso sí, exigirá que se deje todo por escrito.
Sin embargo, la propuesta de real decreto del Gobierno establece una disposición transitoria única en la que deja un período de «adaptación al nuevo reglamento» para que «los administradores de infraestructuras puedan adaptarse a las modificaciones previstas» en «sus sistemas de gestión de la seguridad», así como «dotarse de los recursos humanos y materiales necesarios para su aplicación».
El «periodo transitorio de adaptación» incluye un plazo de «veinticuatro meses desde la entrada en vigor de este real decreto» para que Adif adapte «toda la actividad de operación del tráfico ferroviario». Sin embargo, este plazo puede ampliarse «por periodos adicionales de seis meses». Para ello, debe emitirse una resolución del Ministerio de Transportes. Eso sí, los administradores de las infraestructuras ferroviarias tienen tres meses para preparar un «programa detallado de implementación progresiva» de estas modificaciones.
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