El Gobierno advierte con sanciones penales a los altos cargos díscolos con el 155

Los altos cargos de la Generalitat que se nieguen a aplicar las medidas del artículo 155 podrían incurrir en responsabilidades penales. La advertencia que el Gobierno ha hecho llegar a los dirigentes independentistas que se mantienen en sus puestos pretende disuadir de la desobediencia a la medida constitucional y a las órdenes que se derivan.

Es el caso, por ejemplo, de la orden que este miércoles se publica en el Diario Oficial de la Generalitat y que recoge el acuerdo del Consejo de Ministros para liquidación de Diplocat, el órgano que utilizaba el Govern destituido para difundir su propaganda en el exterior.

En el acuerdo se determina un ‘órgano liquidador’ que estará dirigido por el secretario general del departamento de Asuntos y Relaciones Institucionales y Exteriores y Transparencia de la Generalitat, Aleix Villatoro, un independentista convencido que en la pasada legislatura fue mano derecha del exconseller Raül Romeva en el departamento. Antes, estuvo vinculado al Departamento de Cultura de la Generalitat y entre 2007 y 2010 fue jefe de gabinete de Joan Manuel Tresserras, conseller con Montilla y uno de los ideólogos de referencia de ERC.

Villatoro, que se mantiene en su puesto pese a los ceses del 155, ha mostrado sin embargo su negativa a acatar las órdenes del Gobierno en el desmantelamiento de los órganos exteriores de la Generalitat independentista.

Una muestra es el reciente proceso de cierre de las denominadas ‘embajadas’.  Su pasividad obligó al ministerio de Exteriores a despedir finalmente a 33 trabajadores de estas delegaciones al negarse Villatoro a elaborar un plan para reubicarlos en otros departamentos, como se le había ordenado. Fue él mismo quien tuvo que enviar después la carta a los despedidos, en la que aprovechó para destacar que los ceses eran producto de las «instrucciones explícitas» del ministerio de Alfonso Dastis.

En previsión de otra falta de colaboración, la nueva orden incluye una referencia expresa a las posibles consecuencias y señala que el incumplimiento «dará lugar a la exigencia de las correspondientes responsabilidades penales y administrativas que procedan».

Asimismo, se advierte de que «el mantenimiento del funcionamiento de los servicios o de la actividad de los empleados» de Diplocat «puede generar la correspondiente responsabilidad contable y/o de otro orden derivada de la gestión de los medios, presupuestos y recursos públicos con grave daño al erario público que se exigirá por las vías procedentes para la definición de las responsabilidades personales».

Diplocat es una entidad participada por la Generalitat independentista que, según el Gobierno, servía a los dirigentes secesionistas para desarrollar funciones diplomáticas en el exterior, algo prohibido por el Tribunal Constitucional por tratarse de una competencia reservada al Estado.

El organismo se encargaba de difundir los mensajes secesionistas en el exterior, organizar encuentros con dirigentes internacionales para convencerles del procés y dar visibilidad a la causa separatista en otros países, una de las grandes prioridades del gobierno de Carles Puigdemont. Para ello, disponía de un presupuesto de 2,3 millones de euros a cuenta de las arcas públicas.

Su disolución fue una de las primeras medidas tras la activación del artículo 155, aunque no fue hasta el pasado viernes cuando el Gobierno determinó su extinción definitiva.