El Gobierno aprueba el ‘plan b’ del estado de alarma con sanciones por desobediencia

El Consejo de Ministros ha dado luz verde al ‘plan B’ del estado de alarma que durante muchas semanas ha negado Pedro Sánchez. Se trata de un Real Decreto Ley que aplicarán las autonomías, pero que mantiene algunas normas de ámbito estatal para unificar los criterios. De esta forma, en cuestiones como el uso de la mascarilla o la distancia social en el trabajo las obligaciones serán las mismas para todos los españoles.

El Gobierno ha trabajado este Real Decreto con las comunidades autónomas. Durante las negociaciones, según fuentes conocedoras de las mismas, se han producido importantes tensiones por la voluntad de Moncloa de mantener ciertas competencias que las comunidades autónomas querían recuperar de forma plena. De hecho entre el borrador que se les mandó el viernes y el texto aprobado hoy, según ha podido saber OKDIARIO, el Ministerio de Sanidad ha cedido en algunas pretensiones para facilitar el acuerdo.

Finalmente se ha llegado a un documento marco, en cuya redacción han participado también ERC, Ciudadanos y el PNV, de cara a contar con los apoyos suficientes para convalidar la norma en el Congreso de los Diputados. Los nacionalistas vascos ya han confirmado su apoyo y Ciudadanos también. Con los separatistas catalanes siguen las negociaciones.

Pese a que en este tramo final de la desescalada serán las comunidades las responsables de tomar las decisiones, algunas de ellas con autorización previa del Gobierno, la administración central se reserva la potestad también de recuperar competencias e incluso el mando único si se produce algún rebrote. Eso podría afectar una zona concreta de España o el conjunto de la nación, en función de la gravedad y expansión de los contagios.

Multas por no llevar mascarilla

La mascarilla que hace unos meses, según Sanidad, no servía para nada, va a ser obligatoria también tras el estado de alarma. El Gobierno quiere que los ciudadanos la lleven en los espacios públicos cerrados donde no se pueda garantizar la distancia de seguridad de 1,5-2 metros. El Real Decreto Ley también deja la puerta abierta a regular su uso al aire libre. La obligatoriedad de llevar la mascarilla no tiene fecha de finalización y se alargará hasta que no se dé por erradicada la pandemia. También será obligatoria en los transportes públicos. No llevarla en los lugares donde será obligatorio será sancionado con 100 euros de multa.

Archivos de pasajeros

El Decreto Ley aprobado este martes también obliga a las compañías de transporte público a mantener, durante un mes, el archivo de los viajeros que han usado sus servicios. Aerolíneas y empresas de autobuses deberán tener almacenado el nombre, apellidos y teléfono de contacto de los usuarios así como también el número de plaza que ocupaban. De esta manera, en caso de que alguien de positivo, la sanidad pública se podrá poner en contacto con todas las personas que tuvieron contacto con él en un espacio cerrado como un avión o un autocar.

Distancia de seguridad

En la nueva normalidad, una vez expire el estado de alarma el 22 de junio, el Gobierno también mantendrá las medidas de distanciamiento social en los centros de trabajo. Será el ministerio de Empleo, dirigido por Yolanda Díaz, junto al de Sanidad, de Salvador Illa, quien marcará las normas que deberán regir en el interior de las empresas y espacios laborales. La inspección de Trabajo también podrá sancionar si en alguna empresa no se cumplen esas medidas de distancia social para garantizar la salud de los trabajadores.

Camas hospitalarias y PCR

El decreto considera el COVID-19 una enfermedad de declaración obligatoria urgente. De esta forma, desde las comunidades autónomas habrá que «facilitar a la autoridad de salud pública competente todos los datos necesarios para el seguimiento y la vigilancia epidemiológica» del virus que se requieran, «en el formato adecuado y en el tiempo oportuno, incluidos, en su caso, los datos necesarios para identificar a la persona».

El Ejecutivo también exige, a las comunidades autónomas, que garanticen el número de camas hospitalarias suficientes en caso de un rebrote o la capacidad de instalar, en un máximo de cinco días, entre 1,5 y 2 camas de UCI por cada 10.000 habitantes y entre 37 y 40 para enfermos agudos. El Ministerio de Sanidad también reclama a las autonomías que su sistema tenga la capacidad de realizar los tests PCR que sean necesarios para identificar a personas contagiadas aunque estas sean asintomáticas. A partir de ahora, con la mínima sospecha, los sanitarios deberán realizar las pruebas.

El decreto aborda también una reforma de la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, en referencia a las «actuaciones coordinadas», pero para rebajar las discrepancias con las autonomías, respecto al borrador que se les remitió el pasado viernes, el Ministerio de Sanidad suprime algunos puntos, como los que sería el ministro Illa quién adoptaría ciertas medidas mientras no se alcance un acuerdo.